El reciente apuñalamiento ocurrido en una escuela de La Granja volvió a instalar el debate sobre los detectores de metales en colegios, mientras el Ministerio de Educación prepara el envío del reglamento a la Contraloría.
El documento definirá los procedimientos y requisitos que deberán cumplir los establecimientos para solicitar la implementación de esta medida.
La Ley N.º 21.809 sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas entró en vigencia el 1 de abril. Su objetivo es prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y los hechos de violencia en los establecimientos educacionales. Entre sus principales disposiciones, la normativa permite instalar detectores de metales, pero solo bajo condiciones específicas.
Reglamento definirá el procedimiento
Equipos técnicos y jurídicos del Ministerio de Educación, junto a la Superintendencia de Educación y las subsecretarías de Educación, Educación Parvularia y Seguridad Pública, elaboraron el reglamento. Según informó la cartera, el texto ingresará en los próximos días a la Contraloría. Ese trámite administrativo podría extenderse por cerca de 45 días.
La normativa exige que cada establecimiento acredite un riesgo real antes de solicitar la instalación de detectores de metales en colegios. Además, deberá demostrar que la medida es proporcional, necesaria e idónea para prevenir delitos. La comunidad educativa también tendrá que aprobar la iniciativa mediante un proceso participativo.
Requisitos y financiamiento
Si la comunidad respalda la medida, el sostenedor deberá elaborar un protocolo interno. Ese documento regulará el uso de los detectores, las acciones ante el hallazgo de armas y la coordinación con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Posteriormente, la Subsecretaría de Educación deberá aprobar el protocolo tras recibir un informe técnico del Ministerio de Seguridad Pública.
La ley no contempla recursos específicos para financiar estos dispositivos. Por ello, el Ministerio de Educación analiza alternativas como la Subvención Escolar Preferencial (SEP), el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), recursos propios de los sostenedores o aportes de los gobiernos regionales.
