La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular el proyecto de ley que establece test de drogas obligatorios para autoridades y candidatos a cargos públicos. La medida, que ahora pasa a segundo trámite en el Senado, busca resguardar la probidad y asegurar el correcto desempeño de quienes ejercen funciones de alta responsabilidad en el Estado.
En lo concreto, la normativa señala que quienes aspiren a cargos como Presidente, parlamentarios, gobernadores regionales, alcaldes o concejales, entre otros, deberán presentar una declaración jurada y un examen médico que acredite no tener dependencia de drogas ilegales. El test se realizará en laboratorios autorizados por el Ministerio de Salud y será público, además de renovarse al menos una vez al año durante el ejercicio del cargo.
La votación en la Sala contó con 115 votos a favor y sin rechazos, aunque con 17 abstenciones. Para algunos diputados, se trata de un gesto necesario hacia la ciudadanía.
Sin embargo, no todos compartieron la misma mirada. Desde el Frente Amplio, el diputado Diego Ibáñez advirtió que la medida no ataca la raíz del problema: “Si le hubiésemos hecho un test de drogas a Pablo Escobar, sale negativo (…) no argumentemos que esto va a terminar con el narcotráfico, porque eso es ridículo”, dijo a Radio Bio Bio.
Según consigna Emol, la impulsora de la iniciativa Paula Labra (RN) valoró el avance y recalcó que “es una muy buena noticia para Chile que al fin pudimos sacar adelante este proyecto en la Cámara de Diputados”. Además, pidió al Gobierno acelerar la tramitación en el Senado y no quedarse en gestos simbólicos como la publicación de exámenes personales, sino en medidas concretas que fortalezcan la confianza ciudadana.
Por otra parte, desde el oficialismo surgieron voces críticas que calificaron la norma como un “maquillaje” o un gesto insuficiente frente al verdadero desafío de enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado. En esa línea, parlamentarios plantearon la necesidad de avanzar en otras reformas, como abrir el secreto bancario por vía administrativa y sancionar con mayor dureza la sustracción de drogas desde servicios de salud. CHH
