El pasado martes 17 de marzo, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional impulsada por el presidente Nayib Bukele para instaurar la cadena perpetua en el país.
La medida establece que la condena de por vida se aplicará exclusivamente a “homicidas, violadores y terroristas”, según quedó consignado en el nuevo artículo 27.
Hasta ahora, la pena máxima era de 60 años y la normativa vigente señalaba que el sistema penitenciario debía orientarse a “corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos”.
La modificación mantiene la prohibición de “la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento”.
La iniciativa fue aprobada sin debate con el respaldo de 59 diputados oficialistas, sus aliados y dos legisladores de oposición, mientras que solo se registró un voto en contra. Para que la medida entre en vigencia, resta su ratificación legislativa.
El avance de esta reforma ocurre tras la difusión de un informe en que juristas internacionales acusan al gobierno de Bukele de cometer crímenes de lesa humanidad en el marco del régimen de excepción, vigente desde hace cuatro años.
Según el documento, se le atribuyen asesinatos, encarcelamiento de menores, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas desde marzo de 2022. El grupo anunció que presentará los antecedentes ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra.
Nayib Bukele respondió a las acusaciones a través de sus redes sociales, expresando que “de verdad me alegra que se hayan quitado totalmente la máscara (los juristas); así todos, dentro y fuera de El Salvador, pueden ver claramente los objetivos de estas organizaciones, que no son más que los bufetes legales internacionales del crimen. Su objetivo es claro: quieren ver caos en nuestros países”.