El Gobierno del Presidente José Antonio Kast puso sobre la mesa una medida que impactaría directamente el bolsillo de los adultos mayores: eliminar el pago de contribuciones para su vivienda principal.
La iniciativa, que forma parte del Plan de Reconstrucción Nacional, aún debe iniciar su tramitación legislativa, por lo que sus plazos y condiciones finales quedarán sujetos al debate en el Congreso.
Qué implica la eliminación de contribuciones
La propuesta establece que las personas mayores de 65 años podrían quedar exentas del pago del impuesto territorial, siempre que se trate del inmueble donde viven de manera permanente.
Es decir, el beneficio no se aplicaría a segundas viviendas ni propiedades destinadas a inversión, sino únicamente al domicilio habitual del contribuyente.
Quiénes podrían acceder
El acceso al beneficio estaría condicionado por tres criterios:
- Edad igual o superior a 65 años
- Ser propietario de una vivienda
- Habitar esa propiedad como residencia principal
En caso de contar con más de un inmueble, el beneficiario deberá definir cuál corresponde a su vivienda principal, ya que la exención solo cubriría una propiedad.
Desde cuándo podría aplicarse
La entrada en vigencia dependerá del momento en que se apruebe la ley:
- Si se publica durante el primer semestre, comenzaría a regir el 1 de julio
- Si ocurre en el segundo semestre, se aplicaría desde el 1 de enero del año siguiente
Cómo se compensará a los municipios
Dado que las contribuciones representan ingresos relevantes para las comunas, el proyecto contempla un mecanismo de compensación. El Ejecutivo propone reforzar el Fondo Común Municipal para cubrir la disminución de recursos que generaría esta exención.
La propuesta que busca ampliar el beneficio
En paralelo, desde la Unión Demócrata Independiente (UDI) surgió la idea de extender la medida a mujeres desde los 60 años.
El diputado Jaime Coloma y otras parlamentarias argumentan que esta modificación permitiría equiparar el beneficio con la edad de jubilación femenina, planteándolo como un criterio de equidad en el acceso.