El proyecto de Escuelas Protegidas avanzó en la Cámara de Diputados y fue despachado al Senado, luego de ser aprobado en general con 103 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones. La iniciativa busca reforzar la seguridad en los establecimientos educacionales y su entorno, en medio de un debate que evidencia posturas divididas en el Congreso.
La propuesta es parte de un plan impulsado por el Gobierno que contempla dos ejes centrales. Por un lado, endurece las sanciones para delitos cometidos dentro y en las cercanías de los colegios. Por otro, entrega nuevas facultades a los establecimientos para enfrentar situaciones de riesgo. Entre estas medidas se incluye la posibilidad de revisar mochilas, restringir objetos que dificulten la identificación de estudiantes y aplicar normas internas más estrictas para prevenir hechos de violencia.
Además, el proyecto considera sanciones adicionales fuera del ámbito escolar. Por ejemplo, se establece que quienes sean condenados por violencia en contextos educativos podrían perder el acceso a la gratuidad en la educación superior, lo que ha generado debate entre los parlamentarios.
Qué busca el proyecto
El objetivo es fortalecer la convivencia escolar a través de un enfoque que combine prevención, control y apoyo a las comunidades educativas. La idea es que cada establecimiento pueda incorporar estas herramientas en sus reglamentos internos, adaptándolas a su realidad y necesidades, sin imponer un modelo único.
Durante la discusión, surgieron críticas desde distintos sectores. Parlamentarios del Partido Comunista y del Frente Amplio anunciaron reservas de constitucionalidad sobre algunos artículos, mientras que desde el Partido de la Gente cuestionaron que la iniciativa podría trasladar responsabilidades a los docentes, obligándolos a asumir tareas de control.
La diputada Paula Olmos advirtió: “El profesor está para educar, no para andar revisando bolsos ni enfrentando conflictos que no le corresponde”. En la misma línea, otros legisladores plantearon dudas sobre la falta de límites claros en la aplicación de ciertas medidas.
Pese a los cuestionamientos, desde el Ejecutivo defendieron el proyecto. La ministra de Educación, María Paz Arzola, sostuvo que se trata de una respuesta a una demanda ciudadana y que su diseño busca ser flexible para facilitar su implementación en cada comunidad.
Con este resultado, Escuelas Protegidas inicia su segundo trámite legislativo en el Senado, donde continuará su discusión en medio de advertencias de una eventual revisión en el Tribunal Constitucional.