Las expulsiones escolares en Chile alcanzaron su nivel más alto desde que existen registros formales. Así lo revela un informe inédito de la Superintendencia de Educación que muestra que las sanciones más severas aplicadas en colegios — como expulsiones y cancelaciones de matrícula — se triplicaron entre 2016 y 2024, con un alza especialmente marcada en los años posteriores a la pandemia.
El estudio, titulado “Caracterización de las medidas de expulsión y cancelación de matrícula (2016-2024): establecimientos, estudiantes y trayectorias educativas”, analizó más de 8.200 expedientes y bases de datos del Ministerio de Educación.
El documento entrega una radiografía detallada sobre cómo se están aplicando estas medidas y los efectos que generan en las trayectorias educativas de los estudiantes.
Las cifras dan cuenta de un cambio estructural. En 2016 se registraron 741 casos, mientras que en 2024 la cifra llegó a 2.423.
Si se observa el período más reciente, entre 2022 y 2024 el promedio anual fue de 1.754 sanciones, más del doble que en los años previos a la crisis sanitaria.
El fuerte salto tras la pandemia
El aumento más significativo se observa en las expulsiones, que pasaron de 167 casos en 2016 a 1.304 en 2024, multiplicándose por ocho.
Desde 2022, esta medida superó a la cancelación de matrícula y en 2024 se consolidó como la sanción más utilizada, concentrando el 53,8% de los procesos informados.
Frente a este escenario, la superintendenta de Educación, Loreto Orellana Zarricueta, descartó que exista una falta de aplicación del marco legal vigente. “Es un mito eso de que Aula Segura no se está utilizando”, afirmó, señalando que la mayoría de los procedimientos se sustentan en esa normativa. No obstante, subrayó que estas decisiones deben ir acompañadas de acciones que resguarden la continuidad educativa de los estudiantes sancionados.
El informe también evidencia una fuerte concentración de las expulsiones en contextos de mayor vulnerabilidad. En 2024, cerca de dos tercios de los casos se registraron en establecimientos donde más del 60 % del alumnado es prioritario, una proporción muy superior a la observada en colegios de menor vulnerabilidad.
El perfil de los estudiantes afectados se repite: más del 75 % son hombres, principalmente de enseñanza media, con antecedentes de bajo rendimiento académico, inasistencia y trayectorias escolares frágiles.
A ello se suma que la principal causal sigue siendo la agresión física entre estudiantes, aunque se advierte un aumento de hechos de mayor gravedad, como porte de armas, consumo de drogas y agresiones sexuales.
El impacto a largo plazo no es menor. El análisis muestra que entre un 20 % y un 27 % de los estudiantes expulsados queda fuera del sistema escolar a los 20 años, una cifra muy superior al promedio general. Un dato que vuelve a poner sobre la mesa el desafío de equilibrar la convivencia escolar con el derecho a la educación.
