Hoy lunes, la Fiscalía argentina solicitó la inhabilitación perpetua de la vicepresidenta, Cristina Fernández, para ocupar cargos públicos, además de una pena de 12 años de prisión por considerarla responsable de un presunto entramado ilegal para defraudar al Estado mediante la concesión de obras públicas en Santa Cruz.
El Ministerio Público estima en 5.231 millones de pesos argentinos (más de 36 mil millones de pesos chilenos) la cantidad defraudada por una red que salpica también al difunto marido de la vicepresidenta, Néstor Kirchner, y a antiguos funcionarios cercanos a su administración.
El fiscal Diego Luciani anunció que, con excepción del empresario Lázaro Báez, “se va a solicitar la imposibilidad de ocupar cargos públicos” de todos los imputados, incluida Fernández, que siempre ha alegado que las múltiples causas judiciales abiertas contra ella forman parte de una persecución política.
“Su condición de presidenta de la nación en el momento de los hechos hace que haya defraudado al Estado y a sus votantes”, sostuvo el fiscal.
“Interpuso su interés personal sobre el interés público”, agregó.
A través de Twitter, la vicepresidenta anunció que solicitó volver a declarar este mismo miércoles, dado que los fiscales “montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”.
He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto.
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2022
Está previsto que los alegatos finales de las defensas arranquen el 5 de septiembre y que la sentencia se conozca ya en diciembre. CHH
