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Fiscalía de Antofagasta solicita desafuero de Claudio Orrego por caso ProCultura

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Foto: cedida a Chicureo Hoy

El requerimiento apunta a formalizar al gobernador por presuntos delitos de cohecho y fraude al fisco.

La Fiscalía Regional de Antofagasta presentó durante la tarde de este jueves una solicitud de desafuero en contra del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, por su eventual participación en delitos relacionados con el caso ProCultura, según informó 24 horas.

El requerimiento fue ingresado ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta y apunta a formalizar al gobernador por presuntos delitos de cohecho y fraude al fisco.

El caso se centra en un convenio por más de $1.800 millones adjudicados a la Fundación ProCultura para ejecutar el programa de prevención del suicidio “Quédate”, del cual más de mil millones no fueron rendidos ni devueltos al gobierno regional.

Este procedimiento representa un nuevo frente judicial para Orrego, quien además enfrenta un requerimiento de destitución ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) presentado por consejeros regionales de oposición.

Reacción de Orrego y su defensa

El abogado defensor del gobernador, Rodrigo de la Barra, afirmó que “no hemos sido notificados ni hemos tenido acceso al texto de la solicitud”. Además, indicó que Orrego declaró voluntariamente ante el Fiscal Cooper en diciembre de 2024 y que “hemos aportado todos los antecedentes relativos a los programas adjudicados y ejecutados por la Fundación, así como las acciones emprendidas por el Gobierno Regional para la custodia y recupero de los dineros públicos asignados”.

En el comunicado, la defensa recalcó que “el Gobernador Claudio Orrego no ha incurrido en ningún delito ni irregularidad en el ejercicio de sus funciones” y aseguró que, una vez conocidos los detalles de la petición, se podrán entregar mayores informaciones y comentarios.

La Fiscalía sigue investigando las transferencias realizadas por la Gobernación Metropolitana a la fundación, mientras los antecedentes sobre la adjudicación y ejecución de los fondos permanecen bajo análisis del Ministerio Público.

 

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