En una señal que marca un giro en su postura frente a la violencia escolar, el Gobierno ingresó una indicación al proyecto de ley de Convivencia Escolar que abre la posibilidad de implementar detectores de metales en establecimientos educacionales. La medida surge tras una serie de hechos de violencia protagonizados por estudiantes en distintas regiones del país.
La indicación N. °62 —ingresada el 1 de julio y ratificada por el Ministerio de Educación— establece que los sostenedores podrán utilizar recursos tecnológicos para detectar armas, artefactos incendiarios u objetos peligrosos, siempre que su aplicación esté debidamente justificada.
“Esta medida solo procederá cuando existan antecedentes fundados que justifiquen su utilización como una medida proporcional, necesaria e idónea para prevenir la comisión de delitos en el establecimiento”, señala el documento.
Puntos de vista contrapuestos en el Congreso y el Ejecutivo
La propuesta ha reactivado el debate en el Parlamento. El pasado 8 de julio la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto que autoriza la instalación de detectores de metales no solo en recintos educacionales, sino también en establecimientos de salud.
Pese a ello, desde el propio Gobierno se ha advertido que esta decisión no representa un cambio de visión. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, aclaró que los detectores no son considerados como una solución técnica eficiente, pero que están dispuestos a evaluar su implementación en contextos específicos.
“No es un cambio de postura, sino una apertura a debatir una demanda ciudadana. No se puede banalizar el tema de la violencia escolar”, afirmó el ministro.
Por su parte, el titular de Justicia y Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló que los colegios “no pueden transformarse en espacios policiales”, llamando a mantener un enfoque equilibrado en la materia.
Desde la oposición, sin embargo, han sido más enfáticos en respaldar la iniciativa. Algunos parlamentarios han insistido en que, frente al aumento de hechos graves, como la reciente balacera en un liceo de San Pedro de la Paz que dejó a tres estudiantes heridos.
Colina apoya la medida: alcaldesa Valenzuela pide enfoque integral
En representación de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, ha manifestado de manera reiterada su respaldo a la medida. El pasado 10 de junio participó en la Comisión de Seguridad Pública, donde defendió la iniciativa como parte de una política de seguridad escolar más amplia.
“Son necesarias, pero no solamente implementar una estructura metálica en la entrada de los colegios, sino que además tiene que haber un complemento”, expresó la edil, subrayando la importancia de un enfoque integral.
Valenzuela agregó que los pórticos deben ir acompañados de inversión y apoyo técnico, y que “de forma transversal, los alcaldes están de acuerdo en su implementación”.
Su postura se alinea con las preocupaciones de varios municipios del país, que ven en estas herramientas tecnológicas un apoyo necesario para enfrentar una realidad compleja en los entornos escolares.
¿Solución efectiva o ambiente de vigilancia?
El debate de fondo continúa girando en torno a la efectividad real de los detectores de metales en la disminución de hechos violentos. Mientras algunos sostienen que estas tecnologías tienen un efecto disuasivo y permiten mayor control, otros advierten sobre la creación de un ambiente restrictivo que podría afectar la confianza y el desarrollo de los estudiantes.
Además, preocupa la posibilidad de vulnerar derechos fundamentales, como la privacidad y dignidad de niñas, niños y adolescentes. Un ejemplo reciente es la multa que aplicó la Superintendencia de Educación a la Municipalidad de Temuco por instalar un pórtico en un colegio sin autorización ni protocolos adecuados.
Aunque el debate está lejos de cerrarse, el consenso emergente indica que las soluciones deben ir más allá de lo punitivo. Desde los municipios hasta el Congreso, la necesidad de construir espacios educativos seguros y respetuosos continúa siendo una prioridad, y el desafío será encontrar el equilibrio entre control, prevención y el bienestar de toda la comunidad escolar.
