El Gobierno de Santiago concretó un nuevo paso en su estrategia de seguridad al firmar convenios con municipios de la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) y la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), con el objetivo de fortalecer la atención a víctimas de delitos violentos en la Región Metropolitana.
La iniciativa forma parte del programa “Estamos Contigo”, impulsado por el gobernador Claudio Orrego, y contempla un despliegue territorial que busca acercar la ayuda directamente a las personas afectadas.
Atención en terreno y foco en zonas rurales
El plan considera cobertura en 35 comunas, incluyendo 14 rurales, donde uno de los principales problemas ha sido la distancia para acceder a apoyo especializado.
Para enfrentar este escenario, se implementarán 17 equipos móviles interdisciplinarios, integrados por psicólogos, trabajadores sociales y técnicos jurídicos, que entregarán acompañamiento desde las primeras horas tras el delito.
El modelo apunta a evitar traslados innecesarios y reducir la revictimización, llevando la atención directamente a los territorios.
Convenios para fortalecer la coordinación
Los acuerdos firmados con AMUR y ACHM buscan mejorar la articulación con los municipios y garantizar una respuesta más rápida y coordinada.
Desde el Gobierno Regional destacaron que esta alianza permitirá superar barreras de acceso, especialmente en sectores rurales, donde muchas veces los delitos quedan invisibilizados por la lejanía de los centros de atención.
Inversión y alcance del programa
El programa contempla una inversión de $6.561.902.109 y una duración de 36 meses, con inicio de atención directa a víctimas desde junio.
Se proyecta alcanzar a 57.801 personas, priorizando casos de alto impacto como:
- Homicidios
- Robos con violencia o intimidación
- Lesiones graves (encerronas, portonazos y golpizas)
Intervención comunitaria y prevención
Además del apoyo individual, “Estamos Contigo” incorporará un enfoque comunitario, con 70 talleres especializados que comenzarán en mayo.
La iniciativa también contempla coordinación con organismos como la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Ministerio Público, entre otros, para asegurar una derivación temprana y una atención integral.