Un nuevo Estado de Excepción es la medida que el Gobierno analiza para reforzar el combate contra la delincuencia en sectores con altos niveles de criminalidad. La iniciativa contempla la creación de un Estado de Excepción Constitucional que permitiría a las Fuerzas Armadas colaborar con Carabineros en barrios específicos, siempre bajo el mando de la policía uniformada.
La propuesta forma parte del plan de seguridad anunciado por el presidente José Antonio Kast y fue detallada por el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado. Según explicó, esta herramienta podría aplicarse únicamente en zonas donde los indicadores de criminalidad demuestren la necesidad de una intervención más profunda para recuperar la seguridad y disminuir los delitos.
Presencia permanente en los sectores priorizados
De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo, se proyecta identificar al menos 50 barrios utilizando estadísticas e indicadores de criminalidad elaborados por Carabineros. La definición de estos sectores estará a cargo del Ministerio de Seguridad.
En esas zonas se busca establecer una presencia policial permanente, reforzada con apoyo logístico y herramientas tecnológicas. Además, el proyecto permitiría adoptar medidas extraordinarias, como restringir temporalmente la libertad de movimiento cuando las condiciones lo justifiquen.
El Gobierno sostiene que el objetivo es devolver la tranquilidad a las familias que viven en los sectores más afectados por la delincuencia. Para ello, la estrategia contempla un trabajo coordinado entre Carabineros, las Fuerzas Armadas, otras instituciones del Estado y las comunidades locales.
Cambios al sistema de expulsión
Junto con el nuevo Estado de Excepción, el Ejecutivo también impulsa modificaciones al proceso de expulsión de extranjeros en situación migratoria irregular. La propuesta busca ampliar el plazo máximo de permanencia en los centros de retención administrados por la Policía de Investigaciones (PDI), pasando de los actuales cinco días a un máximo de 180 días.
Según explicó Claudio Alvarado, la ampliación se realizaría en períodos de 60 días, renovables hasta en dos ocasiones. El objetivo es facilitar la ejecución de las expulsiones cuando los trámites administrativos o las autorizaciones pendientes impidan concretarlas dentro del plazo que actualmente establece la legislación.
