El Gobierno ingresó una indicación al proyecto que busca agilizar el sistema de expulsiones administrativas con una iniciativa que obligaría a organismos públicos y privados a entregar antecedentes de migrantes en situación irregular cuando realicen trámites vinculados con salud, previsión o educación.
Según consignó La Segunda, la propuesta fue presentada por el subsecretario del Interior, Max Pavez, durante la discusión del proyecto en la comisión de Gobierno del Senado.
La medida contempla que entidades como Fonasa, Isapres, AFP, hospitales, consultorios, colegios y jardines infantiles proporcionen información al Servicio Nacional de Migraciones.
De acuerdo con el citado medio, “todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud público o privado, o establecimiento de educación público o privado” deberá entregar antecedentes a las autoridades migratorias. Entre los datos que podrían solicitarse figuran domicilio, teléfono y correo electrónico, entre otros.
La iniciativa forma parte de la estrategia impulsada por el presidente José Antonio Kast para identificar y concretar expulsiones de extranjeros que permanezcan ilegalmente en Chile, cifra que actualmente rondaría las 300 mil personas.
El objetivo del Gobierno es utilizar las instancias en que migrantes irregulares soliciten beneficios sociales, atención médica o distintos trámites para identificarlos, fiscalizarlos y eventualmente expulsarlos del país.