En el marco de la conmemoración de los 25 años de la Defensoría Penal Pública (DPP), el Gobierno del presidente Gabriel Boric presentó un proyecto de ley que busca otorgar autonomía constitucional a la institución encabezada por la defensora nacional Verónica Encina.
La iniciativa apunta a fortalecer el rol de la defensa pública dentro del sistema judicial chileno, estableciendo a la DPP como un órgano autónomo con patrimonio propio, encargado de proporcionar asistencia jurídica a personas imputadas o acusadas que no cuenten con abogado.
Un reconocimiento a la trayectoria institucional
La defensora nacional, Verónica Encina, señaló que la propuesta representa un reconocimiento a la trayectoria institucional y al trabajo desarrollado por funcionarias, funcionarios, defensoras y defensores a lo largo del país.
“Es un paso adelante muy importante en el equilibrio y la igualdad de armas que requieren todos los organismos que intervienen en el sistema de justicia, para garantizar que funcione y se haga una mejor justicia para la ciudadanía”, sostuvo.
Qué busca el proyecto de ley
Actualmente, la Defensoría Penal Pública funciona como un servicio público descentralizado bajo la supervisión del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia.
El proyecto propone consagrarla como un órgano autónomo de jerarquía constitucional, encargado de proporcionar asistencia letrada a imputados o acusados que no dispongan de defensa jurídica.
Además, establece que:
- La defensa en tribunales militares seguirá rigiéndose por el Código de Justicia Militar.
- Una ley de quórum orgánico constitucional regulará la organización y atribuciones de la institución.
- También fijará los requisitos y mecanismos de designación de los defensores públicos, así como de su máxima autoridad, que continuará siendo nombrada por el Presidente.
25 años de la Defensoría Penal Pública
El ingreso del proyecto coincide con los 25 años de la Ley N.º 19.718, normativa que creó formalmente la Defensoría Penal Pública en el marco de la reforma procesal penal.
Desde su creación, la institución tiene la misión de garantizar el derecho a defensa de las personas imputadas o acusadas por crimen, simple delito o falta, especialmente de quienes no cuentan con los recursos para contratar un abogado particular.
Encina destacó que este aniversario “marca un hito en un histórico anhelo institucional”, subrayando que la defensa pública es una pieza clave para asegurar que el derecho a defensa sea una realidad efectiva para las personas en todo el país.