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Gobierno promulga ley que crea registro nacional para reconocer a personas desaparecidas

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Foto: cedida a Chicureo Hoy

Desde el Palacio de la Moneda, se promulgó la ley que crea el Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, para reconocer a las víctimas y facilitar a sus familias el acceso a certificados y trámites.

La norma, publicada este miércoles 15 de octubre, establece por primera vez en Chile la calificación jurídica de “Persona Ausente por Desaparición Forzada”. Esta categoría aplicará a los casos ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, periodo en el que ocurrieron la mayoría de estos casos en el país.

La ley fue promulgada en un acto encabezado por el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, junto al vicepresidente Álvaro Elizalde, quienes destacaron el valor histórico y simbólico de la medida.

El Servicio de Registro Civil e Identificación será el encargado de administrar este registro, que será público, digital y gratuito. Además, contará con el apoyo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, entidad que verificará los antecedentes de cada caso a partir de informes de las Comisiones Rettig y Valech, así como de sentencias judiciales firmes que reconozcan la desaparición forzada de una persona.

La nueva ley permitirá que los familiares directos de las víctimas soliciten certificados gratuitos que acrediten esta condición. Estos documentos no solo tienen un valor simbólico, sino también práctico, ya que facilitarán gestiones legales y administrativas que antes no podían realizarse ante la falta de reconocimiento jurídico.

Desde el Gobierno destacaron que esta iniciativa representa un avance en materia de memoria, verdad y reparación, consolidando el compromiso del Estado con los derechos humanos. Este registro permitirá reconocer oficialmente a quienes aún están desaparecidos y entregar a sus familias una herramienta concreta para acceder a la justicia, señaló el Ministerio de Justicia en un comunicado oficial.

El reglamento que regulará su implementación deberá dictarse en un plazo máximo de seis meses, con lo cual se espera que el sistema comience a funcionar durante el primer semestre de 2026.

CHH