El Gobierno anunció este martes 23 de septiembre la promulgación de la Reforma al Sistema Notarial y Registral, considerada la más importante de los últimos años. La medida busca modernizar los trámites, mejorar la atención a los usuarios y reforzar la transparencia en el sector.
Durante la ceremonia en La Moneda, con Álvaro Elizalde ejerciendo como vicepresidente mientras el presidente Boric se encuentra en la ONU, las autoridades destacaron que la nueva normativa impactará directamente la vida cotidiana, al garantizar servicios más accesibles y con estándares claros de fiscalización.
Principales cambios de la reforma
La ley contempla una serie de transformaciones orientadas a mejorar el sistema:
- Concursos públicos a través de la Alta Dirección Pública para la designación de notarios, conservadores y archiveros.
- Fin a los cargos vitalicios, con un límite de edad de 75 años.
- Fiscalización del Sernac, que podrá recibir reclamos y supervisar la calidad del servicio.
- Modernización digital, con acceso remoto y gratuito a registros y canales de reclamos en línea.
- Tarifas máximas fijadas por los ministerios de Justicia, Hacienda y Economía.
- Mejora en la atención al público, con horarios obligatorios y requisitos de infraestructura y tecnología.
Autoridades valoran el impacto de la iniciativa
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, subrayó que “notarios, archiveros y conservadores serán designados después de un proceso de concursabilidad (…) con tarifas máximas y un control claro y eficiente”.
En la misma línea, el ministro de Economía, Álvaro García, aseguró que la reforma “es un paso decisivo hacia una institucionalidad más moderna y transparente”, destacando el rol fiscalizador del Sernac, que comenzará a operar seis meses después de la publicación en el Diario Oficial.
Un hito en la modernización del Estado
La promulgación de esta normativa forma parte de la agenda de fortalecimiento institucional y modernización del Estado. Según el Ejecutivo, los cambios buscan reforzar la confianza ciudadana, promover la competencia y garantizar que los servicios notariales estén al alcance de todos.
La medida comenzará a aplicarse seis meses después de la publicación de la ley en el Diario Oficial, es decir, a finales de 2026.
