Este jueves 26 de marzo, el Gobierno de José Antonio Kast decidió retirar el proyecto ingresado durante la administración de Gabriel Boric, con el objetivo de someterlo a una etapa de revisión y ajustes.
La determinación fue informada por la Subsecretaría de Pesca, desde donde aclararon que la medida no implica desechar la iniciativa, sino abrir un proceso de “estudio y perfeccionamiento” para mejorar su contenido.
Según explicaron, la existencia de ciertos consensos previos permitiría retomar la discusión en condiciones más favorables, con miras a una tramitación más ágil en el futuro.
Diálogo técnico y ajustes en curso
En esa línea, el Ejecutivo prevé sostener nuevas instancias de diálogo con actores del sector, incluyendo comités de manejo, instancias científicas y organismos consultivos ligados a la actividad pesquera.
La apuesta apunta a fortalecer aspectos técnicos del proyecto y consolidar acuerdos antes de reingresar la iniciativa al Congreso.
Cuestionamientos por la forma y el fondo
La decisión, sin embargo, generó una rápida reacción en el Parlamento. Desde distintos sectores de la oposición acusaron falta de diálogo y advirtieron que el retiro podría significar un retroceso en una discusión que ya llevaba avances.
El presidente de la Comisión de Pesca, Alejandro Bernales, cuestionó la forma en que se adoptó la medida, advirtiendo que decisiones de este tipo “debilitan las confianzas” con el Congreso.
En una línea similar, la diputada Nathalie Castillo sostuvo que la señal es negativa y apuntó a un eventual freno en cambios largamente demandados por la pesca artesanal.
Desde el PPD, Carlos Carvajal advirtió que postergar la discusión implica retrasar una normativa que busca mayor equidad en el acceso a los recursos pesqueros.
Advertencias por impacto en la pesca artesanal
Las críticas también se extendieron al impacto que esta decisión podría tener en el sector. El diputado Jorge Brito llamó a no desestimar el trabajo ya realizado, mientras que el senador Iván Flores expresó sorpresa por una medida que —según afirmó— se adopta cuando el proyecto ya contaba con avances y acuerdos transversales.
Así, el retiro de la iniciativa no solo reabre el debate sobre el contenido de la ley, sino que también instala un nuevo foco de tensión política en torno a su futuro y a la relación entre el Ejecutivo y el Congreso.