La reforma a Gendarmería anunciada por el Presidente Gabriel Boric generó una inmediata reacción desde la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), que manifestó su rechazo a la iniciativa impulsada tras el masivo operativo “Apocalipsis”, el cual permitió desarticular una extensa red de corrupción al interior de recintos penitenciarios del país.
La investigación, desarrollada en siete regiones, dejó más de 60 personas detenidas, entre ellas 44 funcionarios de Gendarmería del penal Santiago I. De acuerdo con los antecedentes del caso, la estructura delictual estaría vinculada a la venta de favores y otros ilícitos, con movimientos de dinero que superarían los 6.300 millones de pesos en un periodo de tres años.
Separación de funciones y críticas del gremio
A raíz de estos hechos, el mandatario anunció el envío al Congreso de una reforma constitucional que busca separar las funciones de seguridad pública y reinserción social. En ese marco, Gendarmería pasaría a depender del Ministerio de Seguridad Pública, mientras que la reinserción quedaría bajo una nueva institucionalidad ligada al Ministerio de Justicia.
Según explicó el propio jefe de Estado, la medida apunta a fortalecer el rol de la institución como organismo de seguridad.
Sin embargo, desde Anfup calificaron el anuncio como una decisión unilateral y sin diálogo previo con los trabajadores. En una declaración pública, el gremio expresó su “más profundo repudio y rechazo”, acusando desconocimiento de la realidad del sistema penitenciario y de los riesgos que enfrentan diariamente funcionarios uniformados y civiles.
El gremio sostuvo que la reforma a Gendarmería no puede abordarse como una simple reorganización administrativa y exigió garantías concretas en estabilidad laboral, derechos previsionales, carrera funcionaria y condiciones de seguridad e infraestructura. Además, subrayaron la necesidad de resguardar el derecho a la sindicalización.
Finalmente, Anfup emplazó al Ejecutivo a abrir una mesa de trabajo inmediata, con el fin de discutir de manera seria y participativa cualquier cambio estructural que afecte la naturaleza jurídica de la institución.
