Después de una larga jornada de formalización, durante la tarde de este lunes 12 de mayo el Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para la diputada desaforada Catalina Pérez, quien enfrenta cargos por tres delitos de fraude al fisco.
La Fiscalía solicitó la medida cautelar bajo el argumento de que la libertad de Pérez representa un riesgo para la seguridad de la sociedad. Sin embargo, la jueza Claudia Campusano desestimó la petición del Ministerio Público y dictaminó una medida cautelar menos gravosa.
La decisión fue tomada, pues existirían antecedentes para presumir la participación de Catalina Pérez como autora o cómplice.
La investigación apunta a la presunta intervención de Pérez en la firma de convenios entre la Fundación Democracia Viva y la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta, por un monto de $426 millones.
Según el Ministerio Público, la diputada habría facilitado la adjudicación de estos fondos a la fundación liderada por su expareja, Daniel Andrade, y gestionada por el entonces Seremi Carlos Contreras, quien fuera en algún momento el jefe de gabinete de Pérez.
El caso Democracia Viva ha generado un fuerte impacto en la opinión pública y en el ámbito político, con diversas figuras expresando posturas sobre la situación de la parlamentaria. Mientras la Fiscalía sostiene que existen antecedentes suficientes para justificar la prisión preventiva, la defensa de Pérez ha insistido en su inocencia y en la falta de pruebas concluyentes.
La decisión judicial marca un nuevo capítulo en la investigación, que continuará durante los próximos 45 días para culminar la investigación con nuevas diligencias y declaraciones.
La diputada Pérez se convierte así en la segunda parlamentaria en enfrentar medidas cautelares en el marco del caso. Así es como se suma al diputado Mauricio Ojeda, imputado por fraude al fisco en una arista relacionada con los problemas surgidos debido al traspaso de dinero desde entidades públicas a fundaciones.
