Este miércoles, el Diario Oficial publicó la Ley de Escuelas Protegidas, que incorpora nuevas medidas de seguridad y convivencia para los establecimientos educacionales del país. Entre sus principales disposiciones, permite incluir en los reglamentos internos la revisión de mochilas, bolsos y pertenencias de estudiantes.
Personal autorizado y capacitado deberá efectuar el procedimiento. La revisión no podrá incluir contacto físico, desnudez, inspección corporal ni exposición innecesaria. Si un alumno se niega, el establecimiento tendrá que informar a sus padres o apoderados. Si encuentran elementos peligrosos, deberán avisar inmediatamente a la familia y a Carabineros o la PDI.
La normativa establece condiciones especiales para estudiantes con discapacidad, necesidades educativas especiales, trastorno del espectro autista, neurodivergencia o sensibilidades sensoriales acreditadas. Durante todo el procedimiento deberá acompañarlos un profesional capacitado del Programa de Integración Escolar o del equipo de convivencia.
Nuevas facultades para los establecimientos
Los reglamentos internos también deberán prohibir vestimentas o accesorios que impidan identificar el rostro. Sin embargo, existirán excepciones por motivos de salud, religiosos u otras razones debidamente justificadas.
Además, los docentes podrán aplicar medidas pedagógicas, correctivas y disciplinarias inmediatas. Para ello deberán considerar criterios de proporcionalidad y las disposiciones de cada reglamento interno. Los establecimientos también podrán calificar como falta grave las amenazas que interrumpan las clases.
La Ley de Escuelas Protegidas refuerza además la responsabilidad de las familias. Los apoderados tendrán la obligación de asistir a citaciones formales relacionadas con situaciones de convivencia o violencia escolar.
Asimismo, los colegios podrán impedir el ingreso de padres o apoderados que agredan física, verbal o digitalmente a funcionarios o estudiantes. Quienes reciban una condena por delitos contra profesionales o asistentes de la educación no podrán celebrar contratos con el Estado durante tres años.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, destacó que la iniciativa entrega nuevas herramientas para enfrentar conflictos y hechos de violencia dentro de las comunidades educativas.
