Tras siete años de tramitación legislativa, el Congreso despachó la nueva Ley de Inteligencia del Estado, una normativa que busca actualizar el marco legal vigente y fortalecer el rol de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), en el marco de la agenda de seguridad impulsada por el Ejecutivo.
El proyecto fue presentado originalmente en noviembre de 2018, durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, y retomado por la actual administración mediante indicaciones ingresadas en enero de 2023, lo que permitió destrabar su avance hasta su aprobación definitiva.
Amplio respaldo político en el Congreso
La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados con 107 votos a favor y tres abstenciones, luego de haber contado con respaldo unánime del Senado, quedando así en condiciones de ser remitida a su promulgación.
Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, destacó el acuerdo alcanzado y afirmó que se trata de una ley moderna, que cumple con los estándares democráticos y de respeto a los derechos humanos.
Fortalecimiento de la ANI y nuevas atribuciones
Uno de los principales ejes de la nueva normativa es el refuerzo de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), que asume un rol estratégico dentro del Sistema de Inteligencia del Estado, con nuevas funciones orientadas a la anticipación de riesgos, amenazas y vulnerabilidades para la seguridad nacional.
Entre sus atribuciones se incluyen materias vinculadas a ciberseguridad, protección de infraestructura crítica, acreditación de seguridad y acceso a información específica, además de la aplicación de procedimientos especiales para la obtención de antecedentes, los que estarán sujetos a autorización judicial.
Coordinación, control y límites al sistema
La ley establece el Sistema de Inteligencia del Estado, definiendo su institucionalidad, reglas de funcionamiento y órganos de coordinación, entre ellos el Consejo Interministerial de Inteligencia, que será presidido por el ministro del Interior.
Asimismo, se refuerzan los mecanismos de control externo, que consideran la supervisión de la Contraloría General de la República, los tribunales de justicia y la Cámara de Diputadas y Diputados. La normativa establece expresamente que las labores de inteligencia no podrán utilizarse con fines distintos a los definidos por la ley.
Nuevas figuras penales y seguridad del Estado
El texto legal incorpora nuevas figuras penales asociadas al uso indebido del sistema de inteligencia y a la protección del secreto de la información, destacando la tipificación del delito de espionaje político.
Además, se actualizan atribuciones de las Fuerzas Armadas con el objetivo de dotarlas de herramientas que permitan prevenir ilícitos vinculados al crimen organizado y el narcotráfico.
