La Ley de Seguridad Municipal, aprobada este martes por una amplia mayoría en la Cámara, quedó lista para su despacho tras un extenso proceso legislativo.
La norma reordena el rol de los municipios en materia de prevención del delito, otorgándoles herramientas claras y estándares comunes para coordinarse mejor con las policías y el Ministerio Público.
Nueva estructura comunal para enfrentar la delincuencia
Uno de los puntos centrales es la creación del Comité Operativo de Seguridad, instancia liderada por cada alcalde o alcaldesa e integrada por el director de Seguridad, Carabineros, PDI y representantes del Ministerio Público.
Este espacio busca ordenar el flujo de información, estandarizar criterios y mejorar los tiempos de respuesta frente a incidentes locales.
La ley también actualiza el Plan Comunal de Seguridad Pública, reforzando las funciones del director o directora de Seguridad, quien asumirá un rol más activo en la coordinación operativa territorial.
Otra innovación relevante es la regulación completa del inspector municipal de seguridad. La normativa define requisitos, atribuciones, limitaciones y protocolos tanto para labores preventivas autónomas como para tareas colaboradoras junto a Carabineros. El Ministerio de Seguridad Pública dictará un reglamento para precisar procedimientos y equipamiento obligatorio.
Los inspectores deberán contar con elementos certificados — como chalecos, cascos, bastones retráctiles, esposas o gas pimienta —, excluyendo expresamente el uso de armas de fuego. Para comunas con menor presupuesto, la Subsecretaría de Prevención del Delito financiará la compra de equipamiento y capacitaciones permanentes.
La ley también habilita nuevas modalidades de contratación mediante el Código del Trabajo y asociaciones municipales de seguridad. Además, actualiza el marco de televigilancia, sistemas de alerta ciudadana y análisis de datos, incorporando resguardos de privacidad.
Al presentar la iniciativa, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó su alcance: “Este proyecto regulariza y establece un conjunto de estándares para el funcionamiento de los municipios, tanto en prevención como en la colaboración con las policías. El rol fundamental de los municipios está ahí y esto no constituye una policía municipal”.
Con su aprobación, la Ley de Seguridad Municipal se instala como una de las piezas centrales del fast track de seguridad impulsado por el Ejecutivo.
