La Ley Uber (21.553) fue promulgada en 2023 y buscaba equiparar las condiciones entre taxis y aplicaciones como Uber, DiDi, Cabify e InDrive. Para que la normativa entre en vigencia, resulta indispensable el Registro de Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), plataforma que debía reunir datos de conductores, vehículos y viajes.
El contrato con Concordia Ediciones SpA, adjudicado en 2024 vía trato directo por más de $513 millones, terminó abruptamente en agosto pasado. La empresa no entregó un sistema funcional. Según consignó Informe Especial, un funcionario habría señalado que “lo que se había hecho para lo único que servía era como ejemplo de cómo no se hacen las cosas”.
Fracasos y tensiones internas
Previo a Concordia, la Subsecretaría de Transportes había intentado dos licitaciones. Una fue desechada por falta de oferentes y la otra por incumplimientos en las propuestas. Finalmente, el subsecretario Jorge Daza optó por el trato directo con la cuestionada empresa.
La decisión generó críticas, especialmente porque parte del equipo de Concordia provenía de Catena Ingeniería, una de las compañías rechazadas en las licitaciones previas.
El fracaso no solo atrasó la implementación de la normativa, sino que también provocó tensiones al interior del ministerio. Incluso, cercanos al ministro Juan Carlos Muñoz reconocen que se ha distanciado de su subsecretario por el manejo del caso.
Un nuevo intento, más caro
El Ministerio de Transportes busca ahora retomar el proyecto con otra empresa, también vía trato directo, por un monto cercano a $800 millones, cifra superior a la ya gastada. No obstante, según detalló Informe Especial, advierten que el trabajo deberá partir “desde cero”, ya que lo entregado hasta ahora no tiene utilidad técnica.
Mientras tanto, la Asociación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Transportes advirtió al ministro sobre la gravedad de la situación y la incertidumbre que genera no contar con el sistema.
Lo que exige la Ley Uber
La normativa presentaba un reglamento con diversos cambios para los choferes que utilizaran las aplicaciones de transporte:
- Conductores: exigencia de licencia profesional clase A2, certificado de antecedentes y registro oficial en el sistema.
- Vehículos: cilindrada mínima de 1.4 litros (o 70 kW si son eléctricos), revisión técnica semestral y antigüedad máxima de 12 años.
- Aplicaciones: inscripción en el registro nacional, seguros obligatorios y entrega de información clara al pasajero.
- Sanciones: multas de hasta 20 UTM, suspensión de licencia por seis meses y retiro del vehículo en casos graves.
El futuro de la ley
Aunque la autoridad había prometido que la Ley Uber estaría operativa durante 2025, hoy el escenario es distinto. El retraso amenaza con extenderse más allá de este gobierno, cuyo plazo finaliza en marzo de 2026.
El desafío sigue siendo implementar el registro digital que permita dar vida a la ley. Sin él, el marco regulatorio que busca ordenar el transporte por aplicación en Chile continuará siendo letra muerta.
