El Ministerio de Transportes confirmó que la Ley Uber no será implementada durante la actual administración, pese a que la normativa ya fue aprobada por el Congreso y su reglamento se encuentra completamente tramitado.
La principal razón del retraso está en la fallida licitación para desarrollar la plataforma tecnológica que permitiría ponerla en marcha.
El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, reconoció públicamente las demoras del proceso y admitió que “nos hemos demorado más de lo que nos deberíamos haber demorado”.
Según explicó, el Ejecutivo no logró adjudicar el desarrollo del sistema informático necesario para operar el registro electrónico de conductores y vehículos exigido por la ley.
Licitación fallida y críticas transversales
La licitación, declarada desierta en enero, exigía una plataforma con arquitectura moderna y servicios basados en AWS.
Sin embargo, la única oferta recibida no cumplió con los requisitos técnicos mínimos, al no acreditar experiencia ni certificaciones, lo que dejó el proyecto en punto muerto y sin posibilidad de avanzar sin reiniciar el proceso completo.
Ante este escenario, el ministro señaló que la intención del Gobierno es dejar iniciado el desarrollo para que la próxima administración pueda implementar la Ley Uber y realizar los ajustes que considere necesarios.
Desde el Congreso, las reacciones no se hicieron esperar. El diputado republicano Juan Irarrázaval acusó falta de voluntad política por parte del Ejecutivo y calificó la iniciativa como un mal proyecto. En tanto, el diputado Jaime Mulet fue más duro y calificó la demora como una vergüenza.
Desde el gremio de las aplicaciones, la directora ejecutiva de Avanza IN, Marcela Sabat, advirtió que una implementación forzada y sin mejoras técnicas podría dejar fuera del sistema a más del 80 % de los conductores.
En esa línea, llamó al próximo Gobierno a trabajar en conjunto para corregir el reglamento y evitar que miles de personas pierdan su principal fuente de ingresos.
