La empresa de producción y distribución de gas Lipigas quedó bajo indagatoria penal y administrativa luego del envío de mensajes políticos a usuarios de su aplicación móvil durante la jornada del balotaje presidencial. El hecho activó diligencias del Ministerio Público y una investigación paralela de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI).
Durante la madrugada del domingo 14 de diciembre, usuarios que mantenían la aplicación de Lipigas instalada en sus teléfonos recibieron mensajes en los que se les invitaba a apoyar al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, situación que generó cuestionamientos inmediatos.
Ante lo ocurrido, la empresa ingresó una denuncia ante el Ministerio Público por un presunto sabotaje informático. Posteriormente, a través de un comunicado, informó que el sistema de mensajería de la aplicación es gestionado por una empresa externa, la cual habría sufrido una intervención indebida de terceros.
En paralelo, la Agencia Nacional de Ciberseguridad inició gestiones administrativas para determinar eventuales responsabilidades de la empresa, considerando que la tercerización del servicio no exime del cumplimiento de las obligaciones legales.
Análisis administrativo y eventuales sanciones
El director nacional de la ANCI, Daniel Álvarez, explicó que la agencia tiene atribuciones para responder a incidentes de ciberseguridad tanto en el sector público como privado, incluyendo la verificación de medidas técnicas, organizativas y de reporte exigidas por la ley.
La revisión está a cargo del CSIRT Nacional, que analiza si se efectuaron los reportes obligatorios dentro del plazo inicial de tres horas, además de contactar a la entidad afectada para apoyar la mitigación del incidente y evitar su propagación.
Respecto de las sanciones, Álvarez indicó que la Ley Marco de Ciberseguridad contempla multas y otras medidas administrativas independientes de un eventual proceso penal, las que dependerán de los resultados de la investigación administrativa una vez analizados los antecedentes técnicos y regulatorios.
Finalmente, precisó que no existe un plazo definido para el término de la indagatoria y recalcó que Lipigas no queda exenta de responsabilidad, aun cuando el servicio haya sido prestado por terceros.
