En medio de la creciente preocupación ciudadana por la seguridad en los barrios, el Congreso despachó recientemente la nueva Ley de Seguridad Municipal, iniciativa largamente discutida que busca fortalecer el rol preventivo de los municipios frente al delito, dotándolos de mayores atribuciones y respaldo institucional.
El diputado Agustín Romero Leiva, representante del Distrito 8 —que agrupa a las comunas de Colina, Lampa, Quilicura, Pudahuel, Maipú, Estación Central y Cerrillos—, quien participó activamente en la discusión legislativa, valoró la aprobación de la iniciativa y destacó su impacto a nivel local.
“Por años los municipios han sido la primera línea frente a la inseguridad, pero sin las herramientas necesarias. Esta ley viene a hacerse cargo de esa realidad y a entregar un marco claro para que puedan actuar con respaldo del Estado”, señaló.
Romero subrayó que el enfoque de la norma es eminentemente preventivo y complementario al trabajo policial. “Aquí no se trata de reemplazar a Carabineros o a la PDI, sino de fortalecer la prevención, la vigilancia disuasiva y la capacidad de respuesta temprana en los territorios, que es donde muchas veces se detectan primero los problemas”, indicó.
La normativa apunta a resolver una de las principales brechas que han enfrentado los gobiernos locales en los últimos años: la falta de herramientas para colaborar de manera efectiva en la prevención del delito, especialmente en comunas donde la percepción de inseguridad ha ido en aumento.
Entre sus principales ejes, la ley establece un marco más definido para la labor de los funcionarios de seguridad municipal, clarifica sus funciones, refuerza la coordinación con las policías y entrega mayor certeza jurídica para el despliegue de labores preventivas en espacios públicos.
Otro de los aspectos relevantes de la ley es que reconoce explícitamente la necesidad de fortalecer la prevención situacional del delito, permitiendo a los municipios desarrollar estrategias de vigilancia, patrullaje y apoyo comunitario con mayor claridad normativa. Esto resulta especialmente relevante en comunas con extensos territorios y zonas residenciales en expansión, donde la presencia municipal cumple un rol clave en la detección temprana de incivilidades y en la recuperación de espacios públicos para el uso seguro de vecinos y familias.
Desde el mundo municipal, la aprobación de la ley ha sido observada con atención, considerando que permitirá profesionalizar los equipos de seguridad comunal y mejorar la coordinación interinstitucional, un aspecto clave en zonas de alto crecimiento urbano como el sector norte de la Región Metropolitana.
“El desafío ahora es que esta ley se implemente bien, con recursos, capacitación y una correcta coordinación. Sino, se corre el riesgo de que quede solo en el papel”, advirtió el parlamentario, agregando que el seguimiento legislativo será clave en los próximos meses.
Finalmente, Romero enfatizó que la seguridad debe abordarse como una política de Estado y no desde la contingencia. “La ciudadanía necesita soluciones concretas, estables y responsables. Esta ley es un paso en esa dirección, pero debe ir acompañada de una mirada integral que ponga a las personas y a los barrios en el centro”, concluyó.
