La Comisión para la Actualización de la Medición de la Pobreza entregó este jueves 3 de julio su informe final, revelando que, si se aplicara la nueva metodología (más estricta), la pobreza por ingresos alcanzaría al 22,3 % de la población. Esta cifra triplica el 6,5 % registrado según la Encuesta Casen 2022, aunque sigue siendo menor que las tasas observadas en 2017 (24,2 %) y 2020 (32,2 %).
Nuevos criterios: adiós al «alquiler imputado»
El principal cambio que explica esta variación es la propuesta de eliminar el controvertido alquiler imputado, un ingreso ficticio asignado a hogares que viven en viviendas propias. Según la Comisión, este ítem sobreestima los ingresos de los hogares más vulnerables, llegando a representar hasta el 43 % del ingreso total en algunos casos, sin corresponder a recursos efectivamente disponibles.
En su lugar, el informe propone establecer dos líneas de pobreza diferenciadas, una para hogares que pagan arriendo y otra para quienes no lo hacen, lo que permitiría una evaluación más precisa de las condiciones económicas reales.
Pobreza multidimensional: nueva mirada a las carencias
El informe también recomienda reformular la medición de la pobreza multidimensional, incorporando 20 indicadores en cinco dimensiones: educación, salud, vivienda y entorno, trabajo y seguridad social, y redes y cohesión social. De aplicarse estos cambios, la pobreza multidimensional pasaría del 16,9 % actual al 24,6 %, reflejando carencias que antes no eran consideradas, como acceso a internet, carga de cuidados, calidad educativa y asequibilidad de la vivienda.
Perspectiva alimentaria y desafíos futuros
Otro punto relevante es el reemplazo de la actual canasta alimentaria basada en calorías por una canasta saludable, alineada con las guías del Ministerio de Salud. Esta nueva canasta reduce en un 50 % el consumo de alimentos ultraprocesados y busca reflejar patrones más realistas del consumo nacional.
La Comisión recomienda no utilizar los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares N.° 9 (EPF 9) para el cálculo de la nueva línea de pobreza, debido a que esta fue levantada en un contexto excepcional marcado por los retiros de fondos previsionales y transferencias de emergencia durante la pandemia. En su lugar, sugiere emplear la EPF 8 ajustada por inflación, por considerarse metodológicamente más estable y representativa del consumo habitual de los hogares.
El informe fue entregado al presidente Gabriel Boric en La Moneda, y ahora será evaluado por las autoridades. Según anunció la ministra Javiera Toro, se abrirá una etapa de consulta técnica y pública antes de tomar una decisión sobre su implementación, la cual podría comenzar a aplicarse en la Encuesta Casen 2024, con resultados esperados en 2026.
