La Operación Tokio marcó uno de los mayores golpes contra el Tren de Aragua en Chile. Tras dos años de investigación, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Metropolitana Sur desarticularon una célula criminal vinculada a extorsiones, trata de personas, contrabando, lavado de activos y otros delitos, además de establecer nexos con el quíntuple homicidio ocurrido en una parcela de Lampa en 2024.
El operativo culminó con la detención de 19 personas, quienes serán formalizadas por delitos como asociación criminal, extorsión, trata de personas con fines de explotación sexual, lavado de activos, contrabando e infracción a la Ley 20.000.
De acuerdo con los antecedentes recopilados, la organización habría movilizado cerca de $78 mil millones mediante complejas maniobras financieras destinadas a ocultar el origen ilícito de los recursos.
Foto: @PDI_CHILE
El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, destacó la magnitud del procedimiento. “Es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país vinculado con el Tren de Aragua y yo diría que esta es la primera vez que les pegamos donde ellos más lo resienten que, en el fondo, es en el patrimonio”, señaló.
La investigación estableció que la estructura operaba bajo instrucciones de Carlos Francisco Gómez Moreno, conocido como “Carlos Bobby”, actualmente recluido en Colombia y vinculado directamente con el líder de la organización, Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”.
El vínculo con Lampa
Según explicó el jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado, subprefecto Cristián Sepúlveda, la causa se originó a partir de antecedentes obtenidos durante las diligencias por el quíntuple homicidio registrado en Lampa. “Dieron como hipótesis inicial la presencia de una estructura criminal jerarquizada, vertical, con un liderazgo visible de un sujeto de nacionalidad venezolana”, indicó.
La Operación Tokio permitió identificar una red compuesta por jefes de plaza, brazos operativos encargados de ejecutar amenazas y ataques violentos, además de testaferros dedicados al ocultamiento de dinero. Los investigadores también detectaron la participación de un ejecutivo bancario acusado de facilitar la apertura de cuentas para insertar ganancias ilícitas en el sistema financiero formal.
Respecto del actuar de la organización, el comisario Lorenzo Aguilar explicó que las extorsiones escalaban progresivamente. “Primero comenzaban con amenazas. Posteriormente, si la víctima no cedía al pago de la cuota, el nivel de violencia comenzaba a subir”, afirmó, detallando que incluso se registraron disparos contra locales comerciales y bienes de las víctimas.
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