Durante la tarde de este lunes, las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados ingresaron formalmente una acusación constitucional contra el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán.
La acción se basa en su presunta responsabilidad, por acción u omisión, en los graves incidentes ocurridos el pasado 9 de abril en el Estadio Monumental, donde dos personas fallecieron en el marco del partido de Colo-Colo y Fortaleza.
Según los parlamentarios, Durán no habría tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes, a pesar de las advertencias previas sobre posibles desórdenes.
“Durante días se hizo un llamado por redes sociales a asistir sin entrada. No estaban los cordones de seguridad y, aun así, (el delegado) no suspendió el partido, pese a que ya había personas fallecidas”, declaró el diputado Henry Leal, jefe de bancada de la UDI.
Leal aseguró que el delegado estaba en su casa cuando ocurrieron los hechos y solo se dirigió al recinto tras ser alertado telefónicamente de los hechos.
Por su parte, el diputado Cristián Araya sostuvo que “es muy lamentable que nos hayamos visto forzados a presentar esta acusación. No hubiésemos querido hacerlo, pero lamentablemente el Presidente de la República no acusa recibo y no entiende la gravedad de lo que ocurre. La permanencia del señor Durán en la delegación es una amenaza, un riesgo para la seguridad de seis millones de compatriotas”.
La oposición argumenta que estos antecedentes, junto con fundamentos jurídicos detallados, justifican la acusación constitucional.
Una vez realizado el sorteo, se anunció que la acusación será revisada por una comisión integrada por los diputados Juan Fuenzalida, Gastón Von Mühlenbrock, Agustín Romero, Ximena Ossandón y Patricio Rosas.
Visión del Gobierno
Gonzalo Durán rechazó los señalamientos y afirmó que la acusación “no tiene mérito jurídico”. Se espera que mañana martes asista a la Comisión de Deportes para entregar detalles sobre su gestión en el contexto de los hechos.
Desde el Gobierno, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló que desconoce el contenido de la acción, por lo que no puede opinar hasta conocerla en detalle. Además, advirtió sobre el riesgo de usar políticamente esta herramienta.
“Establecer un punto político para remover un cargo de confianza puede tener consecuencias indeseadas en un sistema presidencial rígido”, indicó.
