El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió este miércoles al fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó de manera unánime la solicitud de desafuero presentada en su contra en el marco del denominado Caso Procultura.
En un punto de prensa, la autoridad sostuvo que el dictamen constituye no solo una reivindicación personal, sino también del trabajo realizado por el Gobierno Regional y sus funcionarios. “Como autoridad, me voy a seguir defendiendo en todas las instancias que corresponden (…) estoy tranquilo, lo he estado siempre, hemos actuado con transparencia, con honestidad y, lo más importante, con profesionalismo”.
El trasfondo del caso
La solicitud de desafuero fue impulsada por la Fiscalía de Antofagasta, que investiga presuntas irregularidades en dos convenios firmados en 2022 entre el Gobierno Regional y la Fundación Procultura por un total de $1.690 millones.
Los recursos estaban destinados al programa “Quédate”, iniciativa orientada a la prevención del suicidio. Según la Fiscalía, cerca de $1.000 millones no estarían debidamente justificados y el convenio carecería de respaldo técnico suficiente.
Frente a esos cuestionamientos, Orrego defendió que el programa existió, se ejecutó y tuvo impacto en materia de salud mental.
“Montaron un caso falso”
El gobernador fue especialmente crítico con la Fiscalía de Antofagasta, asegurando que la acusación en su contra se sustenta en errores graves. “Esperamos que la fiscalía nacional investigue cómo, después de más de dos años de investigación, una fiscalía decidió montar un caso falso en contra de una autoridad inocente”.
Asimismo, planteó que el foco debe estar en esclarecer el destino de los recursos. “Esperamos que la Fiscalía de Antofagasta investigue dónde y qué pasó con los mil millones de pesos que la Fundación Procultura se apropió indebidamente de un programa de salud mental”.
“Nunca hemos cometido un delito”
Consultado sobre si se sintió engañado por ProCultura, el gobernador respondió: “Claramente fuimos engañados”.
En esa línea, explicó que cuando el programa dejó de funcionar como correspondía, el Gobierno Regional puso término al convenio, cobró las pólizas de seguro exigidas e inició acciones civiles y penales.
Finalmente, reforzó su defensa: “El Gobierno Regional actuó conforme a derecho (…) y lo más importante, nunca hemos cometido un delito”.
Además, envió un mensaje a sus adversarios políticos: “Ninguna acusación falsa, ninguna acusación injuriosa nos va a apartar del mandato de la gente”.
La investigación por el destino de los fondos transferidos a Procultura continúa en curso.
