Las pérdidas registradas en los fondos de pensiones D y E llevaron a la Superintendencia de Pensiones a iniciar un procedimiento sancionatorio contra siete Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
La investigación apunta a esclarecer si las decisiones de inversión de estas entidades se ajustaron a las obligaciones que establece la normativa previsional o si existen antecedentes que permitan atribuirles eventuales responsabilidades.
El proceso se centrará en el cumplimiento de los deberes de lealtad y diligencia que deben guiar la administración de los ahorros de los afiliados. Por ahora, la apertura del procedimiento busca determinar si hubo infracciones y no implica que las administradoras hayan sido declaradas responsables.
Las obligaciones que establece la normativa previsional
Para fundamentar la investigación, la Superintendencia citó el artículo 147 del Decreto Ley N° 3.500, que exige a las AFP realizar las gestiones necesarias para cautelar una adecuada rentabilidad y seguridad de las inversiones de los fondos que administran.
A ello se suma la Norma de Carácter General N° 340, que establece deberes fiduciarios para quienes gestionan recursos de terceros. Estas disposiciones consideran aspectos como la protección de los ahorros previsionales, la prevención de conflictos de interés y la aplicación de estándares de cuidado y diligencia en las decisiones de inversión.
A partir de estas obligaciones, el organismo deberá analizar las actuaciones de las siete administradoras y determinar si corresponde aplicar sanciones conforme a la legislación vigente.
Quiroz pide celeridad y descarta anticipar conclusiones
Desde el Congreso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respaldó la decisión de la Superintendencia y señaló que el organismo cuenta con las atribuciones y la independencia necesarias para investigar el caso.
“Es la institución a la que le corresponde hacer esta investigación, es la más capacitada e independiente para ello. Las instituciones tienen que funcionar con la máxima celeridad y, si corresponde, aplicar las sanciones que la ley faculta a la autoridad”, afirmó.
El secretario de Estado también mencionó que la Superintendencia había adoptado medidas para limitar los excesos de volatilidad en las inversiones, con el objetivo de evitar mayores pérdidas. Sin embargo, sostuvo que será necesario esperar los resultados de la investigación antes de establecer responsabilidades.
Qué busca determinar la investigación
Quiroz enfatizó que el proceso debe aclarar si las pérdidas obedecieron a los riesgos propios de la administración de inversiones o si existieron actuaciones que pudieran constituir negligencia o una conducta temeraria por parte de las AFP.
“Son las personas aquí las que han sufrido una pérdida y queremos determinar si esa pérdida es consecuencia de la naturaleza propia de la administración o si hubo descuido, negligencia o actitud temeraria por parte de las AFP. Eso lo va a determinar la Superintendencia, estamos esperando esa determinación”, sostuvo.
De esta manera, el procedimiento permitirá evaluar si las decisiones adoptadas por las administradoras se ajustaron a sus obligaciones legales y si corresponde imponer medidas por eventuales incumplimientos.
