El plan regulador de Lo Barnechea enfrenta un conflicto judicial luego de que tres sociedades inmobiliarias presentaran reclamos de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Las empresas cuestionan el plan regulador de Lo Barnechea, vigente desde el 30 de octubre de 2025, acusando que el instrumento urbano impone restricciones que afectarían el derecho de propiedad y el desarrollo de proyectos inmobiliarios.
La primera acción fue presentada el 20 de enero de 2026 por Inmobiliaria Valle La Dehesa (IVLD), filial de la Empresa Constructora Nacional (Enaco).
En su reclamo, la firma sostuvo que la actualización del plan regulador no estaría debidamente fundada y que establece zonificaciones y usos de suelo sin considerar la realidad de los terrenos regulados.
Según el escrito presentado ante el tribunal, el instrumento “asigna afectaciones sin razonabilidad” y presenta inconsistencias entre los documentos que lo componen. En este proceso, la Corte de Apelaciones rechazó abrir un término probatorio solicitado por la inmobiliaria, aunque posteriormente la empresa ingresó un recurso de reposición.
Días después se sumó otro reclamo presentado por Inversiones Hacienda Abranquil, vinculada a la familia del abogado y exdiputado de Renovación Nacional Luis Valentín Ferrada.
La sociedad cuestiona la decisión de declarar como área verde parte de un terreno de 17,6 hectáreas ubicado en el sector de El Arrayán, lo que — según su defensa — limitaría el desarrollo del predio.
Posteriormente, el 25 de febrero, Inmobiliaria Las Hojas Dos también presentó un reclamo judicial patrocinado por el abogado Rodrigo Logan, solicitando modificar la zonificación aplicada a su terreno para permitir el desarrollo inmobiliario.
Postura del municipio
La Municipalidad de Lo Barnechea ya presentó sus descargos en uno de los casos, solicitando el rechazo del reclamo y una eventual condena en costas.
El municipio aseguró que el plan regulador responde a criterios de protección ambiental y gestión de riesgos, considerando factores como la fragilidad ecológica de algunos sectores.
Además, indicó que el instrumento urbano se encuentra alineado con la Política Nacional de Desarrollo Urbano, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres.
Posible nueva disputa constitucional
El abogado especialista en derecho inmobiliario Rodrigo Andreucci explicó que las empresas argumentan que el nuevo plan regulador reduce significativamente la densidad y la constructibilidad permitida en ciertos terrenos, lo que impediría desarrollar proyectos inmobiliarios sin compensaciones.
Según el jurista, los reclamantes tendrían entre un 65% y un 70% de probabilidades de éxito debido a eventuales inconsistencias entre los documentos técnicos del instrumento urbanístico.
Asimismo, señaló que las inmobiliarias preparan un segundo frente judicial ante el Tribunal Constitucional mediante una acción de inaplicabilidad contra el decreto alcaldicio que promulgó el plan regulador, lo que podría abrir un nuevo proceso paralelo.