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Proyecto de Planta Fotovoltaica de 14 hectáreas pretende instalarse en Chicureo

Vecinos cuestionaron los alcances y beneficios de la iniciativa que ya se encuentra en el proceso de participación ciudadana en el Sistema de Evaluación Ambiental.

Foto: Imagen presentación proyecto ingresado al SEA

El 18 de marzo de este año fue ingresado, en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) el proyecto “Planta Fotovoltaica Chicureo Solar”, obra que contempla utilizar una superficie de unas 14,2 hectáreas para instalar paneles de energía solar en un sitio colindante a condominios del sector de Piedra Roja. En específico, la zona de la planta es en las cercanías de Canquén Norte (accediendo al final de la calle José Rabat), justo en un terreno de uno de los cerros del sector donde la comunidad de Chicureo ingresa a realizar caminatas o andar en bicicleta.

De acuerdo a lo informado por la empresa Ciudad Luz, a cargo del proyecto, en la plataforma de Evaluación Ambiental, la planta “corresponde a la tipología de proyectos energéticos denominados de Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD)”, y añaden que “la generación de la energía será a través de la construcción de una central fotovoltaica, por lo que se enmarca en la tipología de Proyectos de Energías Renovables No Convencionales (ERNC)”.

Asimismo, indican que la planta se instalará en un terreno privado y que significará una inversión de 9.000.000 de dólares. Además, destacan que la energía que esta genere “será inyectada y distribuida para su consumo, principalmente, en el mismo sector donde esta emplazado el proyecto, beneficiando en forma directa a la población local con el uso de energía renovable en base a energía solar”.

La noticia del proyecto no tardó en tener reacciones, sobre todo en la comunidad de Piedra Roja, siendo muchos los vecinos que han cuestionado el proceso, la ubicación y los alcances o reales beneficios de la obra a ejecutar.

Así lo afirmó a Chicureo Hoy Nicolás Errázuriz, vecino e integrante de la Junta de Vecinos de Piedra Roja, quien en conjunto con habitantes de los condominios aledaños al proyecto -Canquén Norte y Terrazas- y la Fundación Canquén Verde, han estado trabajando en el tema.

Según detalló, “nos enteramos de este proyecto en mayo y ahí empezamos a trabajar y a unir fuerzas para poder desarrollar esta oposición”, la que indica, sería transversal en el sector.

¿Por qué se oponen? 

En primer lugar, los argumentos por los que se oponen recaen en que el desarrollador no consideró la opinión de la comunidad de Piedra Roja. De acuerdo a lo que indican los vecinos, desde la empresa “argumentaron que por el ‘Estallido Social’ no fue posible un acercamiento, sin embargo, el proyecto fue ingresado el 21 de abril de 2020, bastante posterior a la situación ya mencionada”.

En este punto, Errázuriz precisó que recién el pasado miércoles 30 de septiembre se realizó la primera reunión online del proceso de participación ciudadana del proyecto, lo cual va en línea con la normativa del SEA. Sobre el encuentro, indicó que “lamentablemente fue una reunión súper difícil, porque a pesar de que nosotros solicitamos que la participación ciudadana se pospusiera, y se diera inicio una vez que estuviéramos en fase 3 -para poder organizar reuniones presenciales- el SEA determinó que se iniciara de manera remota”.

De acuerdo a Nicolás, en la reunión se consultaron al titular del proyecto solo algunas preguntas desde la comunidad, las que no fueron contestadas del todo, y añadió que incluso hubo problemas de conectividad que hicieron aún más difícil el proceso.

Por otra parte, los vecinos aseguran que el Área de Influencia de la planta “no se ajusta a la realidad”, ya que solo considera beneficiar a un sector acotado de dicho barrio. Además, añaden que no se presentan fotografías del área del proyecto ni montajes del resultado final. “Tampoco presenta proyecciones del desarrollo, en otras palabras, no hace una propuesta visual a la comunidad, quedando en total sorpresa el resultado de esto”, indican.

Siguiendo con el tema del Área de Influencia, reparan en que “el desarrollador no explica ni presenta la metodología para determinar el Área de Influencia del proyecto, situación que las mismas autoridades le hacen ver y cuestionan a través del procedimiento regular para realizar observaciones”.

Junto con esto, señalan que tampoco se refiere el proyecto a elementos propios y turísticos de la zona, “por lo que ralla en lo evidente que no puede generar en la autoridad una convicción suficiente y clara de que el impacto no será significativo”, aseguran.

Lugar donde se emplazará el proyecto 

Por otra parte, los vecinos indican que el lugar de emplazamiento del proyecto “no se ajusta a la ‘normalidad’, argumentando que “estos proyectos suelen realizarse en lugares desérticos o baldíos dependiendo de las condiciones geográficas del lugar en particular, mas no se emplazan en medio de ciudades o barrios, entre otros, claramente por el impacto visual de estos”.

Lo anterior va de la mano con la proyección del barrio Piedra Roja, donde se estima que unas 10.000 estén instaladas para el año 2025. En esa línea, manifiestan que “si bien, hoy el titular del proyecto argumenta que el espacio considerado es “limítrofe” en relación al actual estado del barrio de Piedra Roja, no es menos cierto que, en razón de este crecimiento programado, se va a ver rinserto en un barrio residencia”

“Dentro de la comuna de Colina existen lugares que están más apartados de cualquier centro urbano, en los cuales se podría emplazar, sin mayores problemas este proyecto u otro de sus características y envergadura y ajustándose a la normativa vigente, sin vulnerar la identidad de las diversas comunidades que existen en esta comuna”, aseveran.

Tala ilegal en Área de Preservación Ecológica (APE) 

Finalmente, otro de los argumentos que consideran quienes están en contra del proyecto guardan relación con que este está emplazado en un Área de Preservación Ecológica (APE), donde el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PMRS) estipula, a través de su ordenanza, que el uso de estos territorios se restringe solo a fines “científico, cultural, educativo, recreacional, deportivo y turístico, con las instalaciones y/o edificaciones mínimas e indispensables para su habilitación”, lo que no se condice con los objetivos de la planta en cuestión.

Por otra parte, aseguran que, a pesar de no tener aún aprobada la Resolución de Calificación Ambiental en el SEA; el titular ejecutó tala ilegal de especies nativas.

En tanto, destacan que en el territorio donde se pretende instalar la planta “hay un bosque de Acacia Caven (Espinos) acompañado por individuos de Proustia Cinérea (Huañil), Prosopis Chilensis (Algarrobo) y Porlieria Chilensis (Guayacán)”, y agregan que en lo que respecta a la presencia de las especies, se encuentra la Prosopis Chilensis (Algarrobo), “una especie en categoría de conservación ‘vulnerable’ VU A2cd”.

Errázuriz detalló que en agosto fue la época en que empezó la tala, por lo que se hizo una denuncia a la Conaf, la que incluso verificó que efectivamente esta se había realizado. “Esto fue denunciado también al Juzgado de Policía Local, y fue citado el titular del proyecto a declarar por este hecho”, manifestó.

El tema de que el proyecto esté en un área de Preservación Ecológica también fue algo en lo que reparó la Fundación Canquén Verde, organización medioambiental que, al igual que los vecinos de Piedra Roja, se ha opuesto a la realización de la planta.

Claudia Arias, integrante de la fundación, explicó a Chicureo Hoy que “estamos viendo un proyecto que ya está interviniendo la naturaleza porque está en una zona fuera del radio urbano, y nosotros como fundación creemos que se puede generar la misma cantidad de energía de otra manera, que no es necesario destruir 14 hectáreas de una zona natural de un bosque esclerófilo para desarrollar esa cantidad de megawatts, como por ejemplo a través de techumbres de casas y colegios, como sí lo hacen los países desarrollados, donde para ellos es indispensable proteger la naturaleza”.

“Si este proyecto se desarrolla, se cortarán 13,55 hectáreas de bosque nativo (Esclerófilo), área que CONAF ha caracterizado con una densidad de 350 arbustos/espinos por cada hectárea, es decir, el proyecto va a destruir 4.500 espinos”, afirmó la fundación en su página web en relación a la planta.

De acuerdo a la entidad, esta planta fotovoltaica “no es para nada verde”, y en él los titulares “creen que pueden estar por sobre la ley y cada uno puede hacer lo que quiere”, manifestó Claudia Arias.

En esa línea, señaló que “estamos súper preocupados por esta dinámica y también muy decepcionados de las autoridades locales -del municipio- y del Ministerio de Medioambiente, que no han sido fiscalizadores y no han tomado el liderazgo de verdaderamente proteger y hacer respetar la ley”.

Por otra parte, también fue crítica en cómo se ha estado realizando el proceso de participación ciudadana que comenzó la semana pasada, señalando que “consideramos que no están las condiciones para garantizar que haya una participación representativa”. Por lo anterior, Claudia indicó que como fundación enviaron una carta a las autoridades del Servicio de Evaluación Ambiental, “diciéndoles que no están las condiciones ahora y que tampoco lo estarán en fase 3, porque además las reuniones presenciales pueden ser máximo de 50 personas, y con esa cantidad no se puede garantizar representatividad”, aseveró.

A partir de lo anterior, afirmó que “creemos que se está forzando esto de manera de proteger los intereses económicos de los titulares, porque quieren sacar adelante el proyecto lo antes posible cuando las condiciones no están para poder hacer esta etapa de participación ciudadana”.

¿Qué dicen desde la Municipalidad?

Por su parte, por medio de la plataforma del SEA; desde el Municipio realizaron una serie de observaciones en relación al proyecto, dentro de las cuales solicitaron que se corrigiera el emplazamiento del proyecto, ya que los titulares del mismo indican que estaría en zona rural, cuando en realidad es zona de Preservación Ecológica.

Junto con esto, de acuerdo a lo informado por Andrea Basaure, del departamento de Gestión Ambiental del municipio, a Chicureo Hoy, “se discrepó con la coordinación para la aplicación de entrevistas a la comunidad, ya que debido a  contingencia por estallido social, como indicó el titular, no se aplicaron entrevistas semiestructuradas. El municipio indicó lo fundamental de aplicar entrevistas para describir el medio humano y establecer una aproximación con los posibles vecinos de aprobarse el proyecto, dado el emplazamiento en zona de preservación ecológica y, hubiese sido un medio en que la comunidad se enterará de manera temprana del proyecto”.

En tanto, informó que se le pidió al titular reforestar con ejemplares de Prosopis chilensis (algarrobo) en el área de influencia del proyecto en una estimación de un cálculo de reforestación 1/20 en relación al algarrobo encontrado en el área de emplazamiento del proyecto.

Además, añadió que “se solicitó como compromiso voluntario el retiro de basura permanente del curso de agua localizado al norte el predio, con el objeto de su recuperación en forma natural”, entre otros aspectos.
Andrea destacó que lo fundamental es que el proyecto, al igual que todos los que se pretenden instalar en Colina, “debe cumplir con toda la normativa aplicable y ambiental y aprobaciones correspondientes, y en el caso de los Resolución de Calificación Ambiental aprobadas, deberán cumplir a cabalidad con lo estipulado y aprobado en el documento y sus posibles modificaciones”.

Por otra parte, explicó que la Municipalidad solo puede pronunciarse en relación a algunos aspectos en el proceso del SEA, sin embargo, indicó que no tiene voto en el Comité de Evaluación, que es el que determina finalmente una Resolución de Calificación Ambiental favorable, que es lo que necesita para ser aprobado.

Sin embargo, Basaure reparó en que “en caso de que el proyecto obtenga un RCA favorable y no cumpliera con lo indicado en lo estipulado en su RCA al momento de la fase de construcción o en el de operación, el municipio debe hacer una denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente, organismo que tiene competencia para multar, solicitar plan de cumplimiento o clausurar”.

¿En qué está el proceso en el SEA?

El pasado 28 de septiembre, Tomás Steinacker Vélez, representante legal de la empresa Ciudad luz Chicureo solar SpA., dueños del proyecto, solicitó extender la suspensión del plazo estipulado para la evaluación de impacto ambiental para el 30 de noviembre de 2020, lo que fue acogido por el SEA. Por lo tanto, en dicha fecha se continuará con la evaluación.

En este momento, se está realizando el proceso de Participación Ciudadana, el que estará abierto hasta el 23 de octubre de 2020. En este, los vecinos pueden enviar sus observaciones a través del portal del SEA, las que son planteamientos, consultas e inquietudes de la ciudadanía sobre el impacto ambiental de un proyecto.

En tanto, el proyecto tiene como fecha estimada de inicio de ejecución el 1 de marzo de 2021. CHH