Un proyecto actualmente en discusión propone aplicar sanciones económicas a apoderados cuyos hijos incurran reiteradamente en conductas de acoso escolar sin una intervención efectiva desde el hogar.
La iniciativa fue presentada en diciembre de 2025 por la senadora María José Gatica y recientemente entregada a la ministra de Educación, María Paz Arzola, con el objetivo de que el Ejecutivo respalde su avance en el Congreso.
La propuesta contempla modificar la Ley General de Educación, incorporando una nueva disposición en su artículo 16 D que establece responsabilidades directas para padres y tutores frente a situaciones de hostigamiento escolar.
De acuerdo con el texto, aquellos apoderados que hayan sido notificados formalmente por un establecimiento y no adopten medidas para evitar la reiteración de estas conductas podrían enfrentar multas de hasta 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a más de $3,4 millones de pesos.
En caso de reincidencia, la sanción podría aumentar e incluso duplicarse, mientras que para evitarla los padres deberán acreditar acciones concretas orientadas a corregir el comportamiento del menor.
La autora de la iniciativa sostiene que, a pesar del avance de protocolos internos en los colegios, estos resultan insuficientes sin un compromiso real del entorno familiar en la formación y supervisión de los estudiantes.
El proyecto surge en un contexto de aumento de denuncias y episodios graves en comunidades educativas y, de ser aprobado, se integraría al marco legal vigente sobre convivencia escolar, añadiendo responsabilidad a los apoderados en la prevención de la violencia dentro de los establecimientos educacionales del país.