El anuncio del presidente Gabriel Boric, el pasado 3 de noviembre, sobre la integración de Punta Peuco al sistema penitenciario común tras la toma de razón del decreto respectivo, generó un fuerte remezón en Til Til.
La posibilidad de que el recinto reciba nuevas tipologías de reclusos y aumente su capacidad activó preocupación en autoridades y vecinos, quienes argumentan que la comuna no cuenta con infraestructura ni servicios suficientes para absorber ese impacto.
La tensión volvió a escalar el 14 de noviembre, cuando ingresó el primer reo común al penal, dando inicio operativo al proceso de reconversión y antecediendo la llegada proyectada de otros 32 internos. Esa misma jornada se registraron protestas en la Ruta 5 Norte con barricadas e interrupciones de tránsito para rechazar la medida.
Fiscalización por contaminación abre un nuevo frente
En paralelo a ese escenario, la Municipalidad de Til Til ingresó una denuncia por contaminación en el estero de Chacabuco debido a presuntas descargas de aguas servidas provenientes del penal Punta Peuco, lo que derivó en una inspección sanitaria.
Durante la visita, la Seremi de Salud constató fallas de mantenimiento en la Planta Elevadora de Aguas Servidas, presencia de residuos sólidos en el efluente final, niveles de cloro por debajo de la normativa y funcionamiento sin resolución sanitaria vigente. Además, se verificó acumulación de líquidos y zonas de agua estancada en el estero, lo que refuerza la preocupación ambiental de la comunidad.
Foto: Cedida a Chicureo Hoy
El director de Obras Municipales de Til Til, Alejandro Lara Gori, afirmó: “Oficializamos denuncias ante la Seremi de Salud, la Dirección General de Aguas y la Brigada de Delitos Medioambientales, porque detectamos descargas de aguas servidas en un estero seco, lo que constituye un delito ambiental”.
A raíz de estas constataciones, el municipio solicitó a Contraloría un pronunciamiento para determinar si la Dirección de Obras Municipales está facultada para declarar la inhabilitabilidad del recinto en caso de incumplimientos graves de normativas sanitarias y urbanísticas. El caso fue derivado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que debe emitir un informe jurídico en un plazo de diez días hábiles.
En ese mismo contexto, Lara añadió: “Hay un plazo para que el Ministerio de Justicia entregue la documentación que respalde las autorizaciones y permisos vigentes del recinto. Nosotros seguiremos fiscalizando y presentando antecedentes cuando sea necesario”.
Foto: Cedida a Chicureo Hoy
Mientras se desarrollan los procedimientos administrativos, la carga política y social del futuro del penal se vuelve un elemento adicional de tensión para la comuna.
Autoridades locales han reiterado que esperan que los organismos con injerencia actúen con celeridad, para que no solo se clarifiquen responsabilidades, sino que se garantice la protección ambiental y sanitaria del territorio.
