A las 7:30 horas de este martes 30 de septiembre comenzó la demolición de la toma Calicheros en Quilpué, Región de Valparaíso. El procedimiento cuenta con la participación de más de 250 funcionarios de Carabineros, entre ellos personal del GOPE, Fuerzas Especiales y Agentes de Diálogo, desplegados tanto desde la zona como desde Santiago.
La medida responde a una orden judicial y permitirá a la familia del empresario Alejandro Correa, asesinado en un caso de sicariato en 2020, recuperar el terreno. La demolición se desarrolla en coordinación con Serviu Valparaíso.
Hasta el momento, no se han registrado altercados con los pobladores que aún permanecen en el terreno. Solo se ha producido una detención, correspondiente a una persona que intentaba ayudar a un vecino y que presentaba una orden vigente, además de no ser residente de la toma.
Familias en proceso de retiro
Según explicó el teniente coronel Mauricio Burgos, varias familias comenzaron a retirar sus pertenencias y desarmar las viviendas. Sin embargo, advirtió que quienes se nieguen a abandonar el sector podrían ser detenidos.
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En paralelo, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, señaló que el albergue municipal se encuentra habilitado en un 90 % para recibir a los afectados, ofreciendo kits de aseo, duchas y espacios adecuados para niños.
“Se ha trabajado arduamente por dar un trato digno a aquellas personas que van a estar con nosotros durante las primeras 72 horas”, afirmó la jefa comunal.
La jefa de Zona Valparaíso de Carabineros, general Patricia Vásquez, entregó un balance preliminar sobre la movilización de los funcionarios conforme avanza el desalojo.
Antecedentes del caso
El delegado presidencial de Marga Marga, Fidel Cueto, precisó que la orden corresponde a demolición y no a desalojo, aunque reconoció que Carabineros puede hacer uso de la fuerza si persiste la resistencia.
El operativo responde también a los riesgos de remoción en masa del terreno, identificado como un sector complejo con interfaz forestal y peligro de incendios.
La empresa Río Grande SpA se adjudicó la obra por $131 millones, contemplando dos días de demolición y cinco de limpieza, tras lo cual se instalará un cierre perimetral.
Un terreno marcado por la violencia
Alejandro Correa, quien había denunciado la ocupación irregular de su predio. En mayo de 2020 fue asesinado por un sicario colombiano, hoy condenado a 20 años de cárcel.
Entre los involucrados en el loteo ilegal figuraba Luis Alarcón, profesor y vocero del campamento, condenado en 2023 a 541 días de presidio menor por loteo ilegal, pena que cumplía en libertad.
Aunque fue mencionado en la investigación del homicidio, no se encontraron pruebas que lo vincularan directamente al crimen.
Reacciones de la familia
La hija del empresario, Valentina Correa, manifestó su alivio por el inicio del operativo. “La justicia tiene caminos difíciles: no siempre llega a tiempo, pero siempre es necesaria”.
La justicia tiene caminos difíciles: no siempre llega a tiempo, pero siempre es necesaria.
Recuperar el terreno de mi papá es fortalecer el Estado de Derecho y la democracia.
Gracias a quienes creyeron y empujaron. Y a los que no, mostramos que era posible. pic.twitter.com/ZjHX2H3l8u
— Valentina Correa U (@vlcorreau) September 28, 2025