Con el alza de las bencinas ya concretada a nivel nacional, el debate económico se intensificó y dio paso a nuevas presiones hacia el Gobierno para impulsar medidas que amortigüen el impacto en el costo de la vida.
Desde distintos sectores políticos han surgido propuestas con enfoques diversos, que van desde ajustes al gasto público hasta medidas de apoyo directo a las familias.
Propuestas para aliviar el bolsillo
En la oposición, el PPD planteó una reducción de al menos un 15 % en las remuneraciones del Presidente, ministros, subsecretarios y otros cargos de confianza. A esto se suman iniciativas relacionadas con el IVA en vivienda y productos de la canasta básica, contribuciones y una eventual reforma tributaria.
En paralelo, el Ejecutivo analiza ajustes internos en las remuneraciones de asesores, con reducciones que podrían llegar hasta un 20 % en algunos casos. La revisión —que se desarrolla entre Presidencia y el denominado Segundo Piso— busca alinear los sueldos con criterios de austeridad en medio del actual escenario económico.
Desde el Partido Republicano, en tanto, se ha puesto el foco en el costo del transporte. La bancada propone que el Ejecutivo negocie con concesionarias una rebaja transitoria en peajes y TAG, medida que —aseguran— no requiere ley y permitiría un alivio inmediato para los usuarios.
Por su parte, desde Renovación Nacional se impulsa una batería de iniciativas inspiradas en la pandemia, como un mecanismo similar al IFE, facilidades para acceder al gas licuado, aumento de la asignación familiar y el retorno del teletrabajo en el sector público para reducir costos.
El regreso de un viejo debate: retiro de fondos
El debate previsional también volvió a instalarse. El diputado independiente René Alinco ingresó un proyecto que busca autorizar un nuevo retiro de fondos, argumentando una situación de emergencia económica.
“El trabajador necesita dinero para cubrir alimentación, transporte y gastos básicos”, sostuvo el parlamentario.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respondió con cautela, pero fue enfático en resguardar la institucionalidad vigente. “Las prerrogativas en esta materia son claras y vamos a velar por el cumplimiento de la Constitución”, afirmó.
Aunque las propuestas divergen, el consenso apunta a un riesgo compartido: que el alza de los combustibles termine trasladándose al transporte público, un escenario que el Ejecutivo deberá manejar en los próximos días.