La polémica por las rebajas de condenas concedidas por el Ministerio de Justicia sumó nuevos antecedentes. A los 56 casos de condenados por delitos sexuales contra menores se agregaron beneficios otorgados a dos internos de Punta Peuco, recinto penitenciario ubicado en Tiltil.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó ambas reducciones y defendió la aplicación de estos beneficios, señalando que se han concedido durante distintos gobiernos.
“Es cierto y de la misma manera se dieron estos beneficios en los últimos 20 años en gobiernos de distintos signos políticos porque se aplica la ley”, afirmó el secretario de Estado en conversación con Canal 13.
Rebajas para condenados por secuestro y tortura
Según lo consignando por Bío Bío, un oficio de la Subsecretaría de Justicia informó de tres decretos de reducción de condenas por secuestro calificado y tortura.
Dos de ellos corresponden a personas recluidas en el Centro de Detención Preventiva de Tiltil, conocido como Punta Peuco: una condenada por secuestro calificado y otra por tortura. El tercer decreto también beneficia a una persona sentenciada por secuestro calificado, aunque los documentos revisados no identifican dónde cumple su condena.
Hasta ahora, los antecedentes disponibles no precisan la identidad de los beneficiados, cuánto tiempo se redujeron sus penas ni qué informes respaldaron las decisiones.
Rabat también sostuvo que estos beneficios no pueden excluir a determinados grupos de personas y aludió a su aplicación durante las últimas dos décadas, bajo administraciones de distintos sectores políticos.
Los 56 decretos que desataron la controversia
La discusión comenzó tras una investigación de Interferencia que reveló que, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia dictó 27 decretos de rebaja de condena por abuso sexual de menores y otros 29 por violación.
De acuerdo con esa publicación, solo una de las solicitudes examinadas terminó rechazada, lo que abrió cuestionamientos sobre los criterios utilizados para conceder los beneficios.
La Ley 19.856 permite reducir el tiempo de cumplimiento de una condena a quienes acrediten un comportamiento sobresaliente y cumplan los requisitos legales. El procedimiento considera evaluaciones de conducta, educación, trabajo y rehabilitación, antes de que el Ministerio de Justicia conceda o rechace el beneficio mediante un decreto.
Sin embargo, los antecedentes revisados no detallan cómo se acreditaron esos requisitos en los casos cuestionados, tanto en las condenas por delitos sexuales como en las de internos de Punta Peuco.
Cuestionamientos al Ministerio de Justicia
La revelación de las rebajas ha provocado críticas desde distintos sectores políticos y gestiones para fiscalizar las decisiones de la cartera, incluida una posible interpelación al ministro y la propuesta de crear una comisión investigadora en el Congreso.
Con los antecedentes sobre Punta Peuco, la controversia se amplía más allá de los condenados por delitos sexuales contra menores y pone el foco en los fundamentos de las decisiones administrativas, los criterios aplicados y la información que respaldó cada reducción de pena.
