La mañana del miércoles 11 de junio, Carabineros informó mediante un comunicado oficial la baja de nueve funcionarios por su participación en actividades de carácter ilícito.
Este jueves, los nueve carabineros y seis civiles involucrados fueron formalizados durante la mañana, en el marco de una investigación por delitos asociados a la apropiación ilegal de vehículos embargados.
De acuerdo con la Fiscalía, desde febrero de 2024 los imputados integraban una asociación criminal dedicada a cometer delitos de cohecho, falsificación de instrumento público y suplantación de autoridad, con el objetivo de retirar y apropiarse de automóviles con órdenes de embargo por deudas u otras causas judiciales.
Según los antecedentes del expediente judicial, los funcionarios involucrados recibían pagos que fluctuaban entre los $50 mil y $220 mil por cada vehículo retirado de forma irregular.
El fiscal Héctor Barros explicó que “a grandes rasgos, lo que se hace en el fondo es sacar vehículos que estaban con algunas órdenes de embargo, en algunos casos fingiendo autoridad para el retiro de esos vehículos”. Por esta razón, serán formalizados por falsificación de instrumento público, cohecho y asociación criminal, debido a la estructura organizada con la que operaban.
Entre los formalizados figuran los nueve carabineros ya desvinculados, quienes pertenecían a distintas comisarías: siete de ellos a la Región Metropolitana y los otros dos a diversas regiones del país.
Declaraciones de autoridades
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió al caso y señaló que “este hecho no sólo compromete a funcionarios de Carabineros, sino que también al sistema de justicia”.
Añadió que se trata de “una situación extremadamente grave en términos institucionales”, y valoró la reacción de Carabineros, calificándola como “adecuada, necesaria e indispensable para seguir combatiendo con eficacia a las organizaciones criminales”.
Por su parte, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, detalló que “ayer se finalizó un procedimiento que motivó la detención de nueve carabineros, siete de la Región Metropolitana y dos de regiones, además de seis personas civiles con funciones en otros ámbitos, lo que da cuenta precisamente de un lucro ilícito respecto a incautaciones de vehículos con resoluciones judiciales de embargo”.
El fiscal Barros confirmó que son quince las personas formalizadas durante la jornada por los delitos de soborno, cohecho, falsificación de instrumento público y asociación ilícita.
