Las asociaciones de funcionarios de Gendarmería encendieron las alertas ante el avance de la reforma que traspasa la institución al Ministerio de Seguridad Pública.
La iniciativa, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y comenzó su análisis en el Senado, ha generado preocupación por un eventual impacto en la estabilidad laboral y las remuneraciones del personal.
Desde los gremios advierten que la reforma a Gendarmería podría provocar una salida masiva de funcionarios, especialmente suboficiales con años de experiencia.
Según estimaciones de las asociaciones, actualmente existen 5.800 trabajadores en condiciones de acogerse al retiro anticipado y, de ellos, al menos 600 iniciarían su salida en las próximas semanas si el proyecto es despachado sin modificaciones.
A esa cifra se sumarían otros 300 funcionarios que ya comenzaron trámites de retiro y cerca de 200 desvinculados por irregularidades.
Preocupación por sueldos, pensiones y representación gremial
El principal foco de inquietud está en el impacto que tendría el cambio institucional en las remuneraciones. Al pasar a formar parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los gendarmes perderían asignaciones que hoy reciben como funcionarios públicos, entre ellas bonos trimestrales, lo que también afectaría el monto de sus futuras pensiones.
A esto se suma la posible eliminación de las asociaciones gremiales, situación que, según los dirigentes, dejaría a los funcionarios en una posición de indefensión frente a eventuales abusos laborales o irregularidades al interior de los recintos penitenciarios.
José Carrasco, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, advirtió que sin garantías claras “habrá una salida numerosa de funcionarios, porque nadie quiere ver reducidas sus pensiones”.
En la misma línea, Carlos Fernández, director de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, alertó que la pérdida de personal experimentado podría afectar directamente la seguridad en las cárceles, aumentando el riesgo de conflictos internos, motines o fugas.
Ante este escenario, los gremios han iniciado gestiones con parlamentarios y con la Central Unitaria de Trabajadores para impulsar indicaciones que aseguren estabilidad y resguardo de derechos laborales durante la discusión en el Senado.
