El proyecto que crea el Registro de Vándalos ya inició su tramitación en el Congreso. La iniciativa busca sancionar a quienes sean condenados por actos que dañen espacios públicos o afecten la convivencia ciudadana. El Gobierno presentó la propuesta tras el anuncio realizado durante la Cuenta Pública 2026.
La medida crea un registro nacional de personas sancionadas por este tipo de conductas. Quienes figuren en él podrían perder beneficios estatales y enfrentar diversas restricciones administrativas.
¿Qué beneficios se pueden perder?
Las personas inscritas no podrán postular a varios programas habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Entre ellos figuran subsidios habitacionales, programas de habitabilidad rural y beneficios para la protección del patrimonio familiar.
Además, perderán el acceso al subsidio de arriendo y al Pase Cultural. También quedarán inhabilitados para participar en fondos concursables administrados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
La propuesta también impide acceder a becas de educación superior, becas de postgrado y fondos públicos destinados a investigación e innovación.
Restricciones adicionales
El proyecto establece que quienes integren el Registro de Vándalos no podrán utilizar beneficios de transporte con tarifas rebajadas. La medida incluye la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) y otros descuentos dirigidos a adultos mayores.
Además, la autoridad podrá retener la devolución anual de impuestos cuando existan multas impagas asociadas a los hechos que originaron la sanción.
Las personas registradas tampoco podrán obtener ni renovar la licencia de conducir o el pasaporte. A ello se suma la pérdida de beneficios vinculados al pago de derechos de aseo domiciliario.
La iniciativa también prohíbe asistir a espectáculos masivos, partidos del fútbol profesional e ingresar a casinos de juego. Asimismo, quienes reciban una pensión de gracia perderán ese beneficio.
Casos de mayor gravedad
La propuesta considera sanciones más estrictas para delitos graves. Entre ellos aparecen el homicidio de fiscales o policías, los incendios y el uso de artefactos explosivos.
En esos casos, la persona perderá durante cinco años el acceso a la gratuidad en la educación superior y a la Pensión Garantizada Universal (PGU). La ley también aplicará estas medidas a quienes reincidan en determinados actos vandálicos definidos en el proyecto.