La Delegación Presidencial Metropolitana presentó un oficio ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para evaluar posibles acciones legales tras el rescate de tres personas desaparecidas en el Cajón del Maipo. El caso también dio visibilidad al proyecto de sanción por rescates en zonas de riesgo, iniciativa que propone multas para quienes obliguen a desplegar este tipo de operativos debido a conductas temerarias.
Los tres extraviados, dos educadoras de párvulos de 22 y 31 años, y un hombre conocido por ellas, permanecieron seis días desaparecidos antes de ser encontrados con vida en un sector de Termas del Valle de Colina, en la comuna de San José de Maipo. De acuerdo con los antecedentes conocidos, el grupo decidió dirigirse al lugar luego de asistir a una discoteca en Peñalolén, pese al sistema frontal, las intensas nevadas y la orden de evacuación que ya regía para la zona.
Operativo superó los $100 millones
La búsqueda movilizó a Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), el Ejército, Bomberos, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), patrullas especializadas, voluntarios, helicópteros y motos de nieve, entre otros recursos.
Según estimó el director de Seguridad Pública de la Municipalidad de San José de Maipo, Felipe Armijo, el despliegue pudo superar los $100 millones. La autoridad calificó el operativo como «un gasto enorme» para el Estado y recordó que las actividades de montaña deben planificarse respetando las condiciones climáticas y los horarios seguros.
Proyecto busca sancionar imprudencias
La sanción por rescates en zonas de riesgo corresponde a un proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. La iniciativa busca establecer multas de entre 1 y 10 UTM para quienes, por negligencia grave o imprudencia durante actividades como excursionismo, senderismo o montañismo, obliguen a realizar operaciones de búsqueda y rescate.
Entre las conductas que considera la propuesta figuran ignorar el pronóstico del tiempo, ingresar a sectores restringidos, no planificar la ruta, realizar actividades de noche sin el equipamiento adecuado o hacerlo bajo los efectos del alcohol o drogas.
Los diputados republicanos Cristian Araya y Juan Irarrázaval, impulsores del proyecto, señalaron que el objetivo es que quienes desoigan las recomendaciones de la autoridad asuman las consecuencias de sus actos y no sea el Estado el que deba absorber completamente los costos de estos operativos.
Pese a la controversia, desde la Fiscalía precisaron que actualmente no existe una investigación penal contra las tres personas rescatadas, ya que los antecedentes conocidos hasta ahora no configuran un delito.
