Por una diferencia mínima, la Sala del Senado dio luz verde en general al proyecto de ley que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad. La propuesta —presentada por un grupo de senadores de oposición— podría abrir la puerta a que personas condenadas por violaciones a los derechos humanos accedan a modalidades distintas al cumplimiento efectivo en la cárcel.
La votación se resolvió con 23 votos a favor y 22 en contra, sin abstenciones, tras un debate que tensionó al hemiciclo y dejó anunciadas reservas de constitucionalidad por parte de parlamentarios oficialistas.
Plazo para indicaciones
El presidente del Senado, Manuel José Ossandón, sometió a votación el plazo para presentar indicaciones, fijándose como fecha límite el lunes 16 de marzo al mediodía. La propuesta fue respaldada por 27 senadores, mientras que nueve votaron en contra.
Al cierre de la sesión, Yasna Provoste y Fidel Espinoza realizaron reserva de constitucionalidad.
Cruces en la Sala
En medio de la discusión, el senador Daniel Núñez pidió la inhabilitación de Javier Macaya, argumentando un eventual conflicto de interés. La solicitud fue desestimada y generó una dura respuesta del senador Rojo Edwards, quien calificó el planteamiento como improcedente. A la defensa también se sumó Luciano Cruz-Coke.
Durante la fundamentación de voto, el senador José Miguel Insulza advirtió que la eventual aplicación de la norma podría afectar el cumplimiento de condenas por crímenes de lesa humanidad.
En contraste, el autor de la moción, Francisco Chahuán, sostuvo que el proyecto no elimina condenas ni extingue penas, sino que regula modalidades de cumplimiento ya contempladas en la legislación.
Gobierno cuestiona el avance del proyecto
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, reaccionó visiblemente afectado tras la votación que permitió el avance de la iniciativa en el Senado.
En conversación con 24 Horas, el secretario de Estado señaló que, tras dialogar con la dirigenta de familiares de detenidos desaparecidos Gabi Rivera, el impacto es profundo. “Para ella es un día terrible. Han sufrido 50 años y vuelven a ver cómo lamentablemente los poderes públicos no están a la altura. Entonces, es realmente terrible”, expresó.
Respecto del contenido del proyecto, el ministro fue enfático y advirtió que “pone en grave peligro la seguridad de nuestra sociedad”, ya que —a su juicio— permitiría que personas condenadas por delitos graves, incluidos crímenes de lesa humanidad, homicidio, parricidio, femicidio, violación y abusos sexuales contra menores, puedan conmutar su pena y cumplirla bajo arresto domiciliario.
Revisa a continuación las declaraciones completas:
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¿Qué implica que el proyecto se apruebe en general?
La aprobación en general significa que el Senado respalda la idea de legislar sobre la materia, pero no el contenido definitivo del proyecto. En esta etapa no se votan aún los artículos en particular.
Ahora se abrió un plazo para presentar indicaciones —propuestas de modificación al texto— cuyo límite vence el 16 de marzo.
