El Senado rechazó este martes la norma que permitía a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) solicitar el levantamiento del secreto bancario sin una autorización judicial previa, en el marco del proyecto que busca crear un Subsistema de Inteligencia Económica para combatir delitos complejos y el crimen organizado.
La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, registró un empate de 24 votos a favor y 24 en contra durante su tercera votación en la Cámara Alta, resultado que terminó por descartar la propuesta y derivar la discusión a una comisión mixta, instancia que deberá buscar un acuerdo entre senadores y diputados.
Una herramienta para rastrear el dinero del crimen organizado
Actualmente, el levantamiento del secreto bancario solo puede solicitarse mediante una investigación penal encabezada por el Ministerio Público y con autorización de un tribunal.
La propuesta buscaba ampliar esas facultades para que la UAF pudiera acceder a información financiera en determinados casos sin recurrir previamente a un juez, con el objetivo de agilizar investigaciones relacionadas con lavado de activos, narcotráfico y crimen organizado.
El debate cobró fuerza tras conocerse antecedentes vinculados a la denominada “Operación Tokio”, procedimiento que permitió desbaratar una de las mayores redes de lavado de dinero asociadas al Tren de Aragua en Chile.
Oficialismo defendió la medida
Durante la discusión, parlamentarios oficialistas argumentaron que la iniciativa entregaría herramientas más eficientes para seguir la ruta del dinero y anticiparse a operaciones ilícitas.
El senador socialista Alfonso de Urresti sostuvo que las organizaciones criminales operan mediante complejas redes financieras nacionales e internacionales, por lo que resulta fundamental detectar movimientos sospechosos para combatirlas.
En la misma línea, el senador Daniel Núñez afirmó que el Estado necesita mayores atribuciones para enfrentar al crimen organizado y cuestionó que los actuales procedimientos judiciales sean demasiado lentos frente a la velocidad con que operan estas bandas.
Por su parte, el senador Diego Ibáñez defendió que el secreto bancario continuara siendo la regla general, asegurando que la propuesta solo buscaba agilizar investigaciones específicas y evitar que los fondos fueran retirados o transferidos antes de ser detectados.
Oposición cuestionó la falta de control judicial
Desde la oposición, diversos senadores manifestaron su rechazo al considerar que la medida podía afectar garantías fundamentales y debilitar los mecanismos de control sobre el acceso a información privada.
La senadora Vanessa Kaiser argumentó que el proyecto otorgaba excesivas atribuciones al Estado, mientras que el senador Gustavo Sanhueza sostuvo que el problema no radica en el secreto bancario, sino en mantener controles adecuados para resguardar los derechos de las personas.
Los parlamentarios que votaron en contra insistieron en que cualquier acceso a información bancaria debe contar con autorización judicial, tal como ocurre con otras diligencias investigativas.
Comisión mixta buscará una nueva fórmula
Tras el rechazo de la norma, el proyecto será analizado por una comisión mixta integrada por cinco diputados y cinco senadores, quienes deberán elaborar una propuesta de consenso.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, señaló previamente que existe espacio para alcanzar un acuerdo que permita fortalecer la persecución del crimen organizado sin eliminar el control judicial sobre el acceso a antecedentes bancarios.
En paralelo, el Gobierno anunció que presentará nuevas indicaciones para reimpulsar la discusión y avanzar en mecanismos que permitan modernizar las herramientas de inteligencia financiera utilizadas en Chile.
La comisión mixta deberá resolver ahora uno de los puntos más controvertidos de la agenda de seguridad: cómo fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado sin afectar las garantías de privacidad de los ciudadanos.