El Servicio de Impuestos Internos (SII) confirmó este viernes la existencia de un millonario fraude tributario, que involucra la emisión y utilización de facturas falsas por un monto superior a los $4.100 millones, en operaciones asociadas al Gobierno Regional Metropolitano de Santiago (GORE).
A través de un comunicado, el organismo detalló que tras una exhaustiva fiscalización se detectaron irregularidades en la rendición de recursos públicos destinados a programas sociales y culturales, financiados con fondos del GORE. Estas habrían sido cometidas mediante la presentación de documentos tributarios ideológicamente falsos, utilizados para justificar gastos inexistentes.
El director nacional del SII, Hernán Frigolett, informó que el organismo presentó una serie de querellas criminales por delitos tributarios, apuntando tanto a representantes de organizaciones receptoras de fondos como a emisores de facturas falsas, configurando una red de defraudación que operó entre 2022 y 2024.
“Como SII mantenemos una política de tolerancia cero frente a este tipo de delitos, especialmente cuando se ven comprometidos recursos públicos que deben destinarse al bienestar social. La labor de fiscalización ha permitido desbaratar una operación de gran magnitud, cuyos responsables deberán responder ante la justicia”, señaló Frigolett.
El caso ha generado amplio impacto político y social, dado que varias de las entidades involucradas recibieron financiamiento a través de convenios directos y asignaciones discrecionales, en medio de cuestionamientos al sistema de control y supervisión de fondos regionales.
La investigación del SII se suma a las indagatorias que lleva adelante el Ministerio Público, en coordinación con la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI), por presunta malversación de caudales públicos, fraude al fisco y lavado de activos.
Desde el Gobierno Regional Metropolitano, encabezado por el gobernador Claudio Orrego, manifestaron su disposición a colaborar con las autoridades investigativas y anunciaron la revisión de todos los convenios vigentes y procedimientos administrativos relacionados con asignaciones de recursos.
Este caso se enmarca en una serie de investigaciones abiertas en distintas regiones del país por irregularidades en la administración de recursos públicos, lo que ha reactivado el debate sobre la transparencia y fiscalización de los gobiernos regionales.
