Hasta $8 millones por metro lineal podría alcanzar el costo de soterrar redes eléctricas y de telecomunicaciones, según estimaciones municipales de Lo Barnechea.
El alcalde Felipe Alessandri advirtió que estos valores pueden dificultar la ejecución de proyectos de mejoramiento urbano. Como ejemplo, mencionó un tramo de 254 metros de avenida La Dehesa, entre El Rodeo y Luis Bascuñán, cuya intervención tendría un costo cercano a los $2.080 millones.
Cerca de la mitad de ese monto correspondería al componente eléctrico.
“Queremos recuperar barrios, hacer mejores calles y avanzar hacia una ciudad más moderna, pero cuando intentamos soterrar las redes, nos encontramos con costos que pueden ser incluso superiores a la propia obra que queremos ejecutar. Con estos valores, muchos proyectos simplemente se hacen inviables”, señaló.
Proponen repartir el financiamiento
Frente a este escenario, Alessandri planteó establecer una fórmula de corresponsabilidad entre el Estado, las empresas distribuidoras, las compañías de telecomunicaciones y los municipios.
“El costo más importante está hoy en las redes eléctricas, pero este no es un problema que pueda mirar cada empresa por separado. Sobre esa infraestructura también se despliegan las redes de telecomunicaciones y, cuando queremos soterrar, todos tienen que ser parte de la solución”, afirmó.
El alcalde agregó que “tiene que existir corresponsabilidad y una fórmula clara para financiar estas obras”.
Diferencia con la Ley Chao Cables
Alessandri también diferenció el soterramiento de la denominada Ley Chao Cables, que apunta al retiro de cables en desuso y al ordenamiento de las redes existentes.
“Una cosa es retirar cables que ya no se utilizan y ordenar los que siguen operativos, y otra completamente distinta es tomar la infraestructura que hoy está sobre los postes y llevarla bajo tierra. Ese desafío sigue pendiente”, sostuvo.
Finalmente, llamó al Gobierno a convocar una mesa de trabajo con el Ministerio de Energía, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, empresas eléctricas, compañías de telecomunicaciones y municipios, para definir mecanismos que permitan financiar este tipo de obras.
