El Gobierno ingresó al Congreso un proyecto que busca evitar nuevas alzas en las cuentas de la luz y dar solución a una deuda acumulada con las empresas distribuidoras de energía.
La iniciativa, denominada por el Ejecutivo como “ordenemos la cuenta”, también contempla subsidios, cambios regulatorios y la posibilidad de revisar contratos eléctricos.
Según explicó la ministra de Energía, Ximena Rincón, el objetivo es corregir retrasos que se arrastran desde hace varios años y entregar mayor estabilidad al sistema. La autoridad aseguró que, sin este mecanismo, las tarifas podrían aumentar cerca de un 4%.
Actualmente existe una deuda cercana a US$ 800 millones con las distribuidoras. Este saldo se generó principalmente por el retraso en la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), proceso que se vio afectado por la pandemia y el estallido social.
Cómo se pagará la deuda
La propuesta plantea que una institución financiera pague de manera inmediata la deuda completa a las compañías distribuidoras. Luego, los consumidores devolverán esos recursos de forma gradual a través de sus boletas eléctricas.
Para ello, el Gobierno aprovechará una disminución programada en un cargo tarifario vigente, lo que permitirá incorporar un cobro adicional sin provocar un incremento significativo en las cuentas.
De acuerdo con la ministra, ya existen conversaciones con organismos financieros nacionales e internacionales interesados en participar en una futura licitación para financiar la operación.
Subsidios y contratos eléctricos
El proyecto también considera mantener hasta 2027 un subsidio para el 40% de la población más vulnerable, además de personas electrodependientes que cumplan los requisitos establecidos.
Otro de los puntos relevantes es la posibilidad de revisar contratos de suministro considerados poco convenientes para los clientes regulados. La medida sería voluntaria y buscaría generar condiciones más competitivas para hogares y pequeñas empresas.
Desde el Ministerio de Energía señalaron que la iniciativa permitirá avanzar hacia cuentas de la luz más justas, reducir atrasos regulatorios y entregar mayor certeza tanto a los consumidores como a la industria.