La Corte Suprema puso fin a una disputa judicial que se extendió por meses y confirmó la decisión que autoriza a Gendarmería a retirar y limitar electrodomésticos en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil, conocido antes como Punta Peuco.
El fallo ratificó la sentencia previa de la Corte de Apelaciones de Santiago y rechazó los argumentos de las defensas, que acusaban vulneraciones de derechos fundamentales tras la readecuación del recinto.
Tribunal valida facultades de administración del penal
En la resolución, la Tercera Sala del máximo tribunal concluyó que las medidas adoptadas por Gendarmería se ajustan a la normativa vigente y forman parte de sus atribuciones para administrar los establecimientos penitenciarios.
Los magistrados sostuvieron que la restricción en el uso de refrigeradores —que alcanzaba a un aparato por cada cuatro internos— no resulta ilegal ni arbitraria, ya que responde a razones de seguridad y a la correcta gestión de la infraestructura eléctrica del penal.
Asimismo, descartaron que la decisión configure un trato indigno o afecte derechos fundamentales. En particular, señalaron que los medicamentos son administrados por personal de salud y que la alimentación institucional cubre adecuadamente las necesidades de los internos.
Defensa acusó precariedad y solicitó visita judicial
La abogada Carla Fernández, quien presentó el recurso de protección en favor de los reclusos, argumentó que las medidas implicaban precariedad en las condiciones de vida. Entre otros puntos, sostuvo que existían deficiencias en la atención médica, restricciones en espacios comunes y eliminación de instalaciones utilizadas por los internos.
En ese contexto, solicitó que el fiscal judicial del máximo tribunal se constituyera en el penal para constatar la situación. Sin embargo, la Suprema desestimó esa diligencia por considerarla innecesaria a la luz de los antecedentes ya revisados.
Inventario de artefactos y obras de readecuación
Según consignó La Tercera, en el recinto había 105 refrigeradores, 73 televisores, 74 calefactores, 29 hornos eléctricos y microondas, 10 lavadoras secadoras y 75 colchones particulares, entre otros artefactos.
La resolución judicial avaló el retiro del exceso de electrodomésticos y las obras de readecuación en curso, destinadas a optimizar la infraestructura del penal.
Pese al revés judicial, actualmente se mantienen en tramitación otros recursos presentados por la defensa, que buscan revertir parte de las medidas adoptadas por Gendarmería.
