El Tribunal Constitucional (TC) informó la declaración de inconstitucionalidad de cuatro disposiciones parte de la ley de “Escuelas Protegidas”, iniciativa impulsada por el Gobierno y considerada una de sus principales apuestas para enfrentar la violencia en los establecimientos educacionales.
La resolución afecta artículos que habían sido presentados por el Ejecutivo como elementos centrales del proyecto, orientados a fortalecer facultades ante situaciones de violencia escolar y a establecer sanciones para conductas consideradas graves.
La decisión del TC acogió parte de los reparos formulados por parlamentarios de oposición, dejando sin efecto algunas de las medidas que generaron mayor controversia durante la tramitación de la iniciativa.
Entre las normas rechazadas se encuentran la obligación de informar a las policías en caso de que un estudiante se niegue a permitir la revisión de su mochila; la facultad para que Carabineros o la PDI inspeccionen vestimentas y pertenencias de alumnos sin autorización de un fiscal; las sanciones por acciones que interrumpieran el desarrollo de clases y la limitación para acceder a la gratuidad en el caso de estudiantes condenados por delitos graves.
Este miércoles, la ministra de Educación, María Paz Arzola, abordó el fallo respecto a la ley “Escuelas Protegidas” en Radio Infinita. Evitó cuestionar la decisión del tribunal y subrayó que la ley mantiene herramientas que, según el Ejecutivo, permitirán seguir avanzando en seguridad escolar.
También afirmó que el Gobierno respeta la institucionalidad y las resoluciones del TC y que esperan conocer los fundamentos de la sentencia para evaluar posibles acciones y definir los próximos pasos.