La agenda legislativa que impulsa el test de drogas obligatorio a autoridades sigue avanzando en el Congreso y apunta a que, a partir de 2026, distintas autoridades del país deban someterse a controles periódicos.
Uno de los focos está en la Ley de Seguridad Municipal, actualmente pendiente de revisión en el Tribunal Constitucional, donde se incorporó una indicación que obliga a alcaldes y concejales a realizar estos exámenes.
La norma, impulsada por la senadora Yasna Provoste, establece que los alcaldes deberán someterse al menos una vez al año a un examen de consumo de drogas ilícitas.
En caso de arrojar un resultado positivo que no esté respaldado por un tratamiento médico debidamente acreditado, se configuraría una causal de cesación en el cargo. La medida también se aplicaría a concejales, inspectores y directores de seguridad municipal.
De aprobarse definitivamente, se trataría de la primera regulación legal permanente que obliga a autoridades comunales a este tipo de controles, superando iniciativas previas que solo tuvieron carácter transitorio o quedaron limitadas a ajustes reglamentarios.
Proyectos en trámite y presión al Senado
En paralelo, el Congreso mantiene en tramitación otras mociones que buscan extender esta obligación a parlamentarios y al Presidente de la República.
La iniciativa más avanzada corresponde a proyectos fusionados de las diputadas Paula Labra, Pamela Jiles y Yovana Ahumada, aprobados por la Cámara y actualmente radicados en la Comisión de Gobierno del Senado, presidida por Paulina Vodanovic.
La falta de avance llevó a la diputada Labra a solicitar formalmente que se priorice su discusión, advirtiendo el riesgo de que iniciativas paralelas retrasen una definición común. Entre ellas figura un proyecto del senador Esteban Velásquez, además de otra propuesta presentada por Ximena Rincón, Luz Ebensperger, Sergio Gahona y Francisco Chahuán.
Todas las iniciativas comparten un objetivo central: prevenir la infiltración del narcotráfico en la política mediante controles periódicos y obligatorios a quienes ejercen cargos públicos, reforzando estándares de probidad y confianza institucional.
