Entre 2018 y 2020, un joven trabajador del Hospital Base San José de Osorno —diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA)— fue víctima de brutales abusos por parte de sus propios compañeros. Los registros audiovisuales, conocidos recién esta semana, muestran cómo lo amarraban, rapaban y le provocaban quemaduras mientras se burlaban de él.
Los videos, grabados por los mismos agresores, circularon de forma interna durante años sin sanciones administrativas, pese a que en 2020 ya se había iniciado un sumario que terminó archivado. Recién ahora, con la evidencia en manos de la Fiscalía, el caso volvió a la agenda pública y encendió la alarma en distintos organismos del Estado.
La Fiscalía de Osorno, encabezada por la fiscal jefa María Angélica de Miguel, anunció la apertura de una causa de oficio. “Se realizarán diversas diligencias tendientes al esclarecimiento de estos hechos y a determinar los responsables”, afirmó, agregando que la Unidad de Víctimas y Testigos ya tomó contacto con el afectado para brindarle apoyo.
Responsabilidades administrativas
La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, confirmó que durante los años en que ocurrieron los abusos se realizó un sumario administrativo que no terminó con sanciones. “Como Ministerio de Salud nos indigna lo que ha ocurrido en el hospital y no es algo que podamos aceptar y que condenamos tajantemente”, declaró.
En tanto, el director (s) del Hospital de Osorno, Julio César Vargas, explicó que la primera denuncia se realizó en 2020 y que el proceso de investigación interno tampoco estableció sanciones. Sin embargo, en 2024, tras conocerse nuevos antecedentes y videos, se decidió remitir los hechos directamente al Ministerio Público.
Medidas de la Contraloría
Frente a la gravedad del caso, la Contraloría General de la República ordenó un control extraordinario para revisar la legalidad del sumario realizado en 2020 y determinar si hubo responsabilidades de las jefaturas de la época. Además, el organismo recordó que las acusaciones fueron reactivadas este año, cuando otra trabajadora denunció a los mismos implicados por discriminación de género.
🔴AHORA | Ordenamos someter extraordinariamente a control de legalidad la documentación con la que se ponga término al sumario en Hospital Base San José de Osorno. pic.twitter.com/dg2QY099MQ
— Contraloría (@Contraloriacl) September 3, 2025
Condena transversal
El impacto del caso alcanzó al mundo político y social. La diputada Carolina Marzán, autora de la Ley de Autismo, señaló con “profundo dolor” que lo ocurrido constituye un atentado a la dignidad humana y comprometió gestiones para asegurar justicia.
El Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, emitió un comunicado donde repudió los hechos y advirtió que se exigirán sanciones contra los responsables. A su vez, el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) subrayó la necesidad de erradicar los prejuicios y la discriminación estructural en la sociedad.
Comunicado oficial del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. pic.twitter.com/cR9raUQEGF
— Ministerio de Desarrollo Social y Familia (@MinDesarrollo) September 4, 2025
Un caso que reabre viejas heridas
La brutalidad de los registros y la falta de sanciones en su momento generan cuestionamientos sobre los protocolos de control dentro de la red de salud pública. Hoy, tanto la justicia como los organismos fiscalizadores buscan garantizar reparación a la víctima y asegurar que hechos de esta naturaleza no se vuelvan a repetir.
